La Plataforma Pro Fábrica de Tabacos de Sevilla ha presentado esta mañana alegaciones a la nueva ordenación urbanística pretendida por el gobierno de Juan Ignacio Zoido para la antigua fábrica sita en Los Remedios. Reclaman la inmediata retirada del plan, por ilegal y lesivo para los intereses de la ciudad, y la apertura de un amplio proceso de debate ciudadano.
Las alegaciones se formulan contra la Aprobación Inicial de la Modificación Nº 12 del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla elaborada desde la Gerencia de Urbanismo dirigida por Maximiliano Vilches como desarrollo del convenio firmado entre el Ayuntamiento y la propietaria de las instalaciones, la multinacional Altadis.
La Plataforma —conformada por el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH-España), Ecologistas en Acción, el dirigente vecinal Basilio Moreno, y el ex jefe del departamento de planeamiento de la Gerencia de Urbanismo José García-Tapial, entre otros— alerta de las deficiencias e ilegalidades detectadas en el análisis del plan urbanístico previsto, ante la posibilidad de “un cambio sustancial del equipo de gobierno municipal”.
Por ello exigen la retirada y archivo del actual expediente, al considerarlo ilegal y lesivo para los intereses generales de la ciudad y solicita a la nueva Corporación Municipal la denuncia del convenio suscrito por Juan Ignacio Zoido con Altadis.
También consideran necesario el inicio por parte del nuevo Ayuntamiento de las acciones derivadas del presunto incumplimiento de Altadis del deber de conservar y rehabilitar las instalaciones tal y como recoge la legislación urbanística y el PGOU de Sevilla.
En opinión de la Plataforma, es necesario analizar si se dan las circunstancias y están cumplidos los plazos legales para la inscripción de la parcela en el Registro de Solares de Edificación Forzosa. También la apertura de “un proceso de debate participativo de la ciudadanía sobre el futuro del lugar”, con amplia información, visitas al interior del complejo y un procedimiento y metodología que “fomenten y garanticen al máximo una real participación social”.
Finalmente exigen la redacción de un informe patrimonial sobre los bienes materiales, inmateriales, paisajísticos y naturales del conjunto industrial y el inicio de un nuevo proceso negociador con Altadis para la redacción de un nuevo convenio.
En lo referente al contenido de las alegaciones, entienden que el valor principal está en el conjunto como un todo y no consideran válido el que se puedan derribar todos los edificios menos un par de ellos.
Consideran que la demolición de la mayoría de los edificios es contraria a la normativa de protección patrimonial autonómica, estatal e internacional refrendada por España en numerosos convenios ( Unesco, Icomos, Consejo de Europa, etc.). Por lo que entienden que esta recalificación se quiere hacer contraviniendo las normas y las leyes vigentes.
Además afirman que supone una modificación de la clasificación del suelo del PGOU, que parte de unos datos erróneos y cuyo cambio de uso propuesto supone una alteración sustancial de la ordenación destructural de Plan General.
Por otro lado entienden que la edificabilidad atribuida a la propiedad es muy superior a la establecida por el PGOU, lo que le concede un incremento en el aprovechamiento urbanístico injustificado a favor de Altadis que desequilibra el sistema de reparto de cargas y beneficios del Plan General.
También alegan que se reducen de manera drástica las superficies de espacios libres y zonas verdes existentes en la zona y no se prevén compensaciones dotacionales pese al incremento de edificabilidad y de aprovechamiento.
Todas estas alteraciones consideran que exceden de la figura de una modificación puntual y exigen ser enmarcadas en una revisión completa del Plan General. Por ello exigen a la nueva Corporación que sea sensible a estos cuestionamientos de cara a recuperar dicho enclave urbano para disfrute de la ciudadanía.
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