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16 junio 2015

Caso Marismas: retrasos, fraudes, presiones, viajes pagados… y hasta putas

No resulta difícil de imaginar el rato divertido que tuvieron que pasar los agentes del Equipo de Delitos de Económicos y Urbanísticos de la Guardia Civil encargados de las investigaciones del Caso Marismas cuando analizaron las 21 grabaciones que entregó el Presidente de la Comunidad de Regantes, Rafael Algarín Parejo. Del contenido de su informe cabe deducir la posibilidad de que incluso se partieran de la risa al escuchar las afirmaciones que contienen. Tal es el esperpento que suena a puro cachondeo.

“Manolo Moreno (MECI WORKS) es quien nos invita a nosotros a ir a Magua (Zaragoza), ese día hay una cena y está allí Valentín Stefanell, director general de Befesa”. Es Joaquín Sánchez Mancha, segundo director de obra con la empresa WATS y que trabajó en el proyecto de modernización del regadío de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir (CRMG) como ingeniero desde su inicio, quien esto afirma durante una conversación mantenida con Carlos Rosado Lemus, vocal de la Comunidad, el 15 de marzo de 2010. Además asegura que a ese viaje también han asistido “tres o cuatro miembros” de los regantes.

En otra reunión mantenida en Jerez en el 2010 y a la que asisten Emilio García Navarro, representante legal de la empresa Tegner y Carlos Rosado Lemos, que es el que realiza la grabación, éste reconoce que un amigo “me llamó un día a las dos de la tarde” y le contó que la noche anterior estuvo “cenando con unos señores de Befesa y de la Junta y cuando acabaron se fueron de putas en Madrid”. 

Según relata Rosado, “se calentaron con las copitas, con las niñas, con los chóferes, con los mamoneos” y que su amigo, “que iba allí porque lo llamaron, pero que no tiene nada que ver con esto”, le contó “lo que está pasando y lo que hay es esto”. En dicha juerga estaba presente, según Rosado, el director general de Regadíos, “el payaso ese que estuvo allí a decir que ya estaba todo arreglado”.

Crónica de un cúmulo de irregularidades

Las referencias a numerosas irregularidades durante la realización del proyecto aparecen en casi todas las grabaciones aportadas a la causa. De entrada, en una reunión celebrada en agosto de 2009 en la Comunidad de Regantes a la que asisten la Junta de Gobierno presidida por José Antonio Peinado García, Joaquín Sánchez Mancha, y los directivos de Befesa, Federico Barceló y Guillermo Bravo Mancheño, entre otros, este último reconoce que había “una condición del contrato si queríamos ser adjudicatarios” y que “está puesto hasta por escrito anteriormente a la adjudicación, hecho en un notario”.

El Consejero Ejecutivo de la entonces filial de Abengoa se refería a los compromisos adquiridos con la UTE que resultó adjudicataria en primera instancia (Elecnor, Meci Works, Teconsa y Tegner) para subcontratar la obra con empresas locales. Befesa finalmente lo hizo con Meci Works y Tegner. Además sostiene que desde la Junta de Andalucía “se nos pidió un esfuerzo para que en diciembre se cumpliera el calendario de subvenciones”. “Acelerad, acelerad todo lo que podáis en la obra para que se pueda certificar una cantidad determinada”, afirma que le decían desde la administración autonómica.

No es la única anomalía a la que se hace referencia, ni mucho menos. Las conversaciones desvelan que ya el proyecto original fue modificado. Sucede en una reunión mantenida el las oficinas de Tharsis en febrero de 2010 entre Manuel Vázquez Segovia, el primer director de obras, Joaquín Sánchez Mancha y varios miembros de la actual junta rectora de la CRMG.

Vázquez Segovia relata que “ese proyecto yo no lo firmo, por qué, porque ya costaba 7 millones más” y Sánchez Mancha asevera que el proyecto “se redacta y cuando entro yo, es el que firmo” y reconoce que “se ha quitado el telecontrol, se ha quitado la electrificación, se ha quitado la urbanización…”.

Más adelante insiste en que “la constructora tenía que entregar el proyecto seis meses después de empezar la obra y esos seis meses han sido dos años y medio o tres” y que el proyecto de construcción que entregaron “era el que yo he firmado, quitándole el telecontrol… que era el acuerdo que estaba hecho con la Comunidad”.

El tejemaneje del proyecto complementario

La consecuencia inmediata de todo este desaguisado fue la tramitación del polémico proyecto complementario para intentar salvar la culminación de la obra, debido al continuo aumento de los sobrecostes. Una tramitación que los agentes consideran que fue manipulada, ya que contaba “con todos los beneplácitos de los ingenieros de la Junta de Andalucía”.

Durante la reunión en la sede de Tharsis, Sánchez Maza manifiesta que “hay un momento en que la Comunidad de Regantes decide, a través de conversaciones entiendo con Befesa, vamos a incrementar el presupuesto en esto, vamos a pedir una subvención y no os preocupéis que a vosotros no os cuesta nada” y añade que “entiendo que la Comunidad no lo va a pagar, le dice a Befesa lo arreglamos así y se hace el proyecto dos”. A continuación explica que “se le sacaban siete (millones) y lo dejaban en cincuenta y dos y esos siete los ponían en otro proyecto”.

En la grabación realizada en el Hotel Al-Ándalus en febrero de 2010, también revela que esto se produce porque “hay una serie de unidades que faltaban en el proyecto, otras que por los precios del petróleo y su puta madre, se han quitado, las quitamos y las ponemos en el otro lado” y finaliza que “se ha hecho como se ha hecho, mal”. 

La Guardia Civil sostiene que dichas manipulaciones en los dos proyectos, constructivo y complementario, se llevaron a cabo bajo las presiones de la Junta de Andalucía, hasta tal punto que incluso la administración autonómica puso en marcha el trámite administrativo para la concesión de la subvención.

La certificación 39

La OLAF consideró en su informe que la certificación número 39 pertenecía en realidad “al proyecto constructivo” y se basó para ello en el dictamen del Informe Ayesa. El 15 de marzo de 2010, Sánchez Mancha se refiere a ello durante la reunión con Rosado cuando dice que “lo que pasa es que de aquí yo le pongo esto a la 39 y todo lo que hay aquí metido son engordes de tierras que antes les decíamos que no le pagábamos y ahora decimos que le pagamos, como son las balsas”.

Además, en la conversación del Hotel Al-Ándalus incide en que en dicha certificación “ya está todo adaptado, enmascarado” y añade que “de aquí estas unidades las quitamos y las llevamos a un complementario y otras unidades que no estaban metidas aquí. Ahora esto con qué lo suplimos, metemos mediciones ficticias”. 

También hace referencia la inclusión de costes pertenecientes a otras obras ajenas al proyecto cuando relata que conoce “a dos o tres que se han salido de Befesa” que le dijeron que “había costes implicados de otras obras, como por ejemplo Sur-Andévalo”. Se trata las obras de modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes Sur-Andévalo, en Huelva, también a cargo de la filial de Abengoa. “Aquí ha habido coste de obras, venta, y son costes de otras obras, pero como ésta era la niña bonita, la del presupuesto más gordo, pues ha podido más”, concluye.

El documento misterioso donde se refleja el fraude

Es en el transcurso de esa conversación donde el segundo director de obras alude a “un documento oficial” cuya existencia aún se desconoce y que si sale a la luz “sale mucha mierda, lo que pasa es que esto salpica a todo el mundo”, tal como publicó hace unos días el diario ABC de Sevilla. A día de hoy no consta la naturaleza de tal documento ni su contenido.

Las amenazas de los ejecutivos de Befesa

Finalmente saca da cuenta de las supuestas amenazas que recibió por parte de Guillermo Bravo Mancheño, Consejero Ejecutivo de Befesa. “Yo sé que esta gente en el caso de que vayamos a juicio van a ir a por mí”, afirma. A lo que más adelante añade: “este Guillermo Bravo me dijo una vez que la vida es muy larga, insinuó un poco que si tú quieres hacer proyectos son del grupo Abengoa y éste me ha visto allí muchas veces, yo sé que este tío es muy mafioso y muy tal”. 

Los agentes que analizaron las conversaciones concluyeron que las grabaciones, además de corroborar las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación, “añaden nuevos elementos que dan consistencia” a las imputaciones que solicitaron en su informe.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Vaya como estamos en Andalucía. ¿Pero este señor que han grabado también esta imputado?

Gregorio Verdugo dijo...

La mayoría de ellos lo están.

Anónimo dijo...

Imputaciones no!, lo que ha es que condenarlos a todos, empezando por este y terminado por toda los cargos públicos de la Junta de Andalucía. Este país y esta comunidad autónoma da pena. Pero condenas de DEVOLUCIÓN de lo robado y CÁRCEL!.