Dafne Alejandra de la Cruz es una mexicana de 21 años que presentó una denuncia contra el ejército por la muerte de su esposo. Ahora corre un serio peligro de sufrir represalias de soldados en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas. Se teme por su seguridad, y se insta a las autoridades para que tomen más medidas y brindarle una protección efectiva.
El 23 de febrero pasado, un grupo de soldados llegó a la casa de Dafne en Nuevo Laredo, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Los soldados intimidaron a los familiares de Dafne Alejandra, incluidos sus hijos y su madre, con gritos y mostrando sus armas.
Los militares interrogaron de forma agresiva a Dafne respecto a una denuncia que había presentado días antes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que los acusaba de haber disparado contra su esposo, Gustavo Ortega Pérez, el 15 de febrero cuando él iba al volante de su camioneta.
Los soldados insistieron en interrogar a Dafne Alejandra de la Cruz sobre esta denuncia y la amenazaron con abusar sexualmente de una de sus amigas que estaba presente, la arrojaron contra la pared y la insultaron. Después huyeron, llevándose un dinero en efectivo que Dafne Alejandra de la Cruz había dejado en su vehículo.
Posteriormente, el 6 de marzo, cuatro vehículos militares llegaron a la casa de la suegra de Dafne Alejandra de la Cruz, donde ésta se alojaba temporalmente. Unos representantes de la procuraduría militar vestidos de civil pidieron hablar con ella respecto a la denuncia en torno a la muerte de su esposo.
La volvieron a interrogar e insistieron en tomarle testimonio sobre el caso. Cuando ella se negó a hablar, los militares regresaron en diversas ocasiones durante los dos días siguientes, incluso en plena noche e insistieron en entrevistarse con Dafne y con su cuñada. Unos vehículos militares todavía continúan estacionados cerca de la residencia de Dafne.
Varias regiones de México, entre ellas el estado de Tamaulipas, han sufrido niveles extremadamente altos de violencia criminal a medida que el gobierno ha desplegado fuerzas militares para combatir a las bandas delictivas y los cárteles de la droga que luchan por controlar distintas regiones.
En este contexto, ha habido un fuerte incremento del número de denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas por el ejército y la policía, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias, pero prácticamente nadie ha rendido cuentas de esos abusos.
Los secuestros y los homicidios suelen atribuirse a bandas delictivas y no se investigan a fondo para determinar las circunstancias del delito o si la policía y las fuerzas de seguridad han estado implicadas en abusos tales como uso excesivo de la fuerza o ejecuciones sumarias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza investigaciones independientes cuando los familiares de las víctimas presentan denuncias o pruebas de implicación de la policía federal y las fuerzas de seguridad, pero muchos familiares tienen también miedo de presentar denuncias, y las investigaciones de la CNDH rara vez dan lugar a que se lleve ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido a poner fin a las violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, pero aún no ha demostrado que esos abusos no se tolerarán. En el caso de los abusos cometidos por el ejército, en junio de 2014 se reformó el Código de Justicia Militar para excluir de la jurisdicción militar los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles. Sin embargo, los procuradores militares siguen interfiriendo en esos casos.
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