A principios de octubre de 2014 dos integrantes del equipo de la Policía Judicial encargado de investigar el Caso Marismas que instruye el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla mantuvieron un encuentro en un lugar céntrico de Sevilla con un informante anónimo que tenía en su poder información relevante para el caso.
Los funcionarios, gente seria y profesional, llevaban más de seis años ya con la investigación y se muestraron sorprendidos cuando la fuente les contó lo que sabía, que está relacionado con otra investigación paralela que se desarrollaba en el mismo edificio.
Se trataba de las Diligencias Previas 3586/13 que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital hispalense. En ellas se aborda la presunta comisión de posibles delitos de fraude fiscal y falsedad documental en facturas falsas emitidas por valor de más de 1,7 millones de euros puestas al descubierto tras una inspección rutinaria de Hacienda en el año 2008 a la empresa Befesa, como desveló hace unos días el diario ABC de Sevilla.
La relación entre ambos casos radica en que en el segundo están las supuestas facturas “correspondientes a operaciones inexistentes” que se emitieron para las obras de modernización del regadío de las Marismas del Guadalquivir, adjudicadas por la Junta de Andalucía en 2005, que instruye el primero bajo el nombre de Caso Marismas. Esta nueva rama del caso está siendo investigada todavía por la Policía Judicial.
Ambos casos tienen un denominador común: la empresa Befesa, filial de la multinacional Abengoa, que fue la principal adjudicataria de aquellas obras, en UTE con la empresa Alpi. Un concurso en el que se trata de esclarecer un presunto fraude de cuarenta millones de euros y en el que se encuentran implicados funcionarios y altos cargos de la Junta, las empresas concesionarias y la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir por unas obras que todavía no han concluido y del que se sospecha que fue amañado.
Cuando el informante desveló a los investigadores que había descubierto la relación entre los dos casos durante el transcurso de una tarde en la Feria de Sevilla no se lo podían creer. Los funcionarios se quejaban de la poca colaboración que había encontrado entre el personal de la multinacional, porque nadie quería hablar. Algo habitual dada la ya famosa ley del silencio que impera en la compañía sevillana.
Lo curioso de este segundo caso es que la Fiscalía, que es quien interpone la querella, apunta a Manuel Moreno Maestre como emisor de dichas facturas a través de sus empresas Asan Pipeline Equipment and Supply y Mechanical Electrical and Civil Works (MECI). Se trata de “trabajos en el proyecto de modernización de regadíos no concretados ni detallados”, como cita ABC, que la Inspección ha acreditado como “inexistentes”, ya que en el caso de la Pipeline no se corresponden al ámbito de su actividad profesional y por carecer de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social para realizar dichos servicios.
Se da la circunstancia de que Moreno Maestre es además administrador único de Boru Spain SL, la filial en España de Borusan Manesmann. Casualmente, el responsable entonces por parte de Befesa de las obras de Marismas, CJML, dejó la compañía y actualmente ostenta el cargo de Director Financiero en Boru Spain, tal y como se puede constatar en su perfil de la red social Linkedin.
Además, esta multinacional turco-alemana que fabrica tuberías de todo tipo, fue la que invitó al anterior alcalde, Alfredo Sánchez Montesirín, a un viaje a Turquía en un jet privado en el que le acompañaron, amén de Moreno Maestre (también cónsul honorario de dicho país en Sevilla), el entonces todopoderoso Manuel Marchena y el embajador otomano en España, Ender Arat, al que Monteseirín había recibido una semana antes en la caseta municipal de la Feria. Otra vez la Feria.
No es el único embrollo en el que anda metida la empresa propiedad de la familia Benjumea. En la población almeriense de El Ejido se investiga un desfalco en el Ayuntamiento de 60 millones de euros entre 2002 y 2008 a través de las adjudicaciones de la sociedad mixta Elsur —participada en un 30% por el consistorio y en un 70% por Abengoa— y en la que un informe de la Agencia Tributaria ha desvelado que la multinacional sevillana facturó 17 millones de euros “a cambio de nada”. Se conoce como Caso Poniente.
Todo ello sin olvidar el suculento contrato que firmó Befesa con el ex presdiente del Gobierno, José María Aznar en septiembre de 2010, por la consecución de la adjudicación de cuatro plantas desaladoras en la Libia de Gadafi que desveló en primicia el equipo de sevilla report y que le hubiera supuesto a la multinacional un negocio de 950 millones de euros de no haberlo frustrado la guerra civil y la muerte del dictador. Un verdadero lío siempre con la justicia de por medio.
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