Cuatro hombres y dos mujeres corren peligro de ejecución inminente en India, tras rechazar el presidente del país sus peticiones de indulto. Su ejecución se puede llevar a cabo en cualquier momento.
Surendra Koli fue declarado culpable y condenado a muerte por cinco casos de secuestro, violación y asesinato de niñas en Nithari, Uttar Pradesh entre 2005 y 2006. El Tribunal Supremo confirmó su condena a muerte en febrero de 2011. Todavía hay varias causas pendientes en su contra. Dos mujeres, Renukabai y Seema, fueron declaradas culpables del secuestro y asesinato de cinco niños en el estado de Maharashtra entre 1990 y 1996. Se las condenó a muerte y el Tribunal Supremo confirmó la condena en agosto de 2006. En India, es poco habitual condenar a muerte a mujeres.
Rajendra Wasnik fue declarado culpable de la violación y asesinato de una niña en Maharashtra en marzo de 2007 y condenado a muerte por ello. El Tribunal Supremo confirmó la condena a muerte en febrero de 2012. El presidente también rechazó la petición de indulto de Jaqdish, declarado culpable de asesinar a su esposa y a sus cinco hijos en agosto de 2005, y condenado a muerte por ello. El Tribunal Supremo confirmó la condena en septiembre de 2009.
Holiram Bordoloi fue condenado a muerte por matar a tres hombres en el estado de Assam en noviembre de 1996. El Tribunal Supremo confirmó su condena a muerte en abril de 2005. Según informes, las autoridades de Assam traspapelaron la petición de indulto presentada por Holiram Bordoloi y tardaron nueve años en examinarla. En marzo de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a las autoridades federales que informaran sobre la situación de la petición de indulto.
En enero de 2014, el Tribunal Supremo de India había conmutado las penas de 15 presos condenados a muerte debido a las demoras de entre 5 y 12 años en el examen de sus peticiones de indulto por parte del presidente. El tribunal falló que "un retraso indebido, excesivo e injustificable en la ejecución de una condena a muerte constituye tortura". En el sistema de justicia de India, la petición de indulto suele ser la última oportunidad para que el ejecutivo conmute una condena a muerte, una vez agotadas las apelaciones judiciales.
Desde que llegó al poder en 2012, el presidente Pranab Mukherjee ha rechazado las peticiones de indulto de al menos 26 personas. En noviembre de 2012, el Estado de la India reanudó las ejecuciones tras un paréntesis de más de ocho años. En febrero de 2013 se llevó a cabo otra ejecución.
El hermetismo rodeó estas dos ejecuciones, la de Ajmal Kasab y la de Afzal Guru. En ninguno de los casos se informó públicamente de la fecha de ejecución. En el caso de Afzal Guru, su familia recibió notificación de la ejecución una vez realizada ésta, y no se les devolvió el cadáver para su entierro. En la Resolución 2005/59, adoptada en 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pidió a todos los Estados en los que seguía en vigor la pena de muerte "poner a disposición del público la información relativa a la imposición de la pena de muerte y a las ejecuciones previstas".
En enero de 2014, el Tribunal Supremo de India estableció unas directrices para salvaguardar los derechos de las personas condenadas a muerte. Según dichas directrices, los presos condenados a muerte deben recibir asistencia legal, ser informados por escrito si se rechazan sus peticiones de indulto, ser sometidos periódicamente a exámenes mentales y físicos y ser autorizados a reunirse con sus familiares antes de la ejecución, que no deberá consumarse antes de que hayan pasado, como mínimo, dos semanas desde el momento en que se comunique el rechazo de la petición de indulto.
La investigaciones que han llevado a cabo Amnistía Internacional y la Unión Popular por las Libertades Civiles sobre las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de India en relación con la pena de muerte ponen de manifiesto que la imposición de la pena capital es arbitraria en ese país, y que afecta de forma desproporcionada a personas con escasos recursos e influencia. Con la decisión de India de reanudar las ejecuciones, el país se sitúa a contracorriente de las tendencias regionales y globales hacia la abolición de la pena de muerte.
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