UGT exige a la Junta diálogo con Fertiberia en el conflicto de los fosfoyesos

Tras la multa de la Junta de Andalucía a la empresa por el incumplimiento de la Autorización Ambienta Integrada (AAI) para la realización del proyecto de recuperación de las balsas de fosfoyesos, desde UGT Huelva se ve con gran preocupación la posibilidad de que dicha recuperación quede empantanada en los tribunales.

Luciano Gómez, secretario general de FITAG-UGT Huelva, ha afirmado que “mostramos nuestra sorpresa por estas actuaciones que, aunque pueden tener su encaje administrativo, nos extraña que no haya un diálogo entre las partes. Esto agravará una solución que se había conseguido entre la empresa, la administración y los propios sindicatos,  de mantenimiento de la actividad, de un plan general de restauración de las balsas que evite el perjuicio medioambiental y la pérdida de más empleo”.

El sindicalista no entiende que “tras todos los pasos que se han dado ya, con ese acuerdo industrial que se firmó, ahora estemos en este enfrentamiento a base de sanciones”. En su opinión “la Junta pone obligaciones, pero no tiene en cuenta a veces que no depende de la propia empresa la restauración de la balsa de los fosfoyesos”.  “Fertiberia no es especialista en estas cuestiones —ha añadido—, tiene que recurrir a otra empresa, con más experiencia y más capacitada, y es ésta la que le dice que no puede hacerlo en un periodo de tiempo tan corto, el que da la Junta”.

Gómez ha rechazado “el que se actúe de esta manera, a fuerza de sanciones, cuando hay una realidad que no depende de la empresa. La Junta no puede poner un nivel de imposible cumplimiento, pedimos que haya un diálogo, porque la empresa tiene voluntad de hacerlo bien”.

Además ha aclarado que “tememos desde UGT que  estas acciones puedan poner en peligro la actividad y el mantenimiento del empleo. La empresa no ha huido. Corremos el riesgo de que Fertiberia diga que esto es inviable y cierre”.

Es por ello que, para evitar que los trabajadores sigan siendo los perjudicados, insta a que “se restablezca el diálogo entre las administraciones y también con y entre la empresa y se puedan sentar bases de trabajo que permitan, por un lado, cumplir la sentencia en sus justos términos y por otro, hacerlo de manera racional y adecuada para el interés general y el de todas la partes afectadas, especialmente la de los trabajadores y la de los ciudadanos en general”.