Una veintena de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla (PAH) se han concentrado ante las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián para exigir a la Fiscalía que se ponga fin a la impunidad financiera “de quienes han provocado esta crisis”.
Es
el inicio de una campaña a nivel estatal que tendrá su culmen el próximo 8 de
junio con la celebración de una Marcha contra la Impunidad Financiera a las que
ya se han sumado localidades como Huelva, Almería o Madrid, donde “ya hay más
de trescientas personas en las puertas de los juzgados”.
En
palabras de Claudia Quade, afectada y activista de la PAH de Sevilla, “venimos
a la Fiscalía a reclamar juicio y castigo para los culpables de esta estafa a
la que quieren llamar crisis”. Los asistentes son la mayoría afectados por la
gestión de una entidad, Unión de Créditos Inmobiliarios
(UCI), que pertenece al Banco
de Santander y BNP Paribas, y de
CREDIFIMO,
una financiera de La
Caixa.
Según
explica, se trata “mayoritariamente de estafas generalizadas con las cláusulas”.
“Tenemos hipotecas titularizadas —añade—, es decir que se las venden a un
tercero sin previo aviso al afectado y con las últimas cuotas de 60.000 euros
después de cuarenta años de pagar”. Además “no aplican el IRPH, que es un
índice diferente al Euribor, que está en un cuatro y pico, mientras que el
Euribor está en un 0,85 de porcentaje. Es decir, tenemos un decálogo de
cláusulas abusivas”.
Quade
matiza que, aunque están “en negociaciones con ellos desde hace unos meses”, la
solución no avanza porque “son muy lentas, y aquí hay familias que están
sufriendo”. Y afirma que “les estamos entregando incluso informes médicos a los
negociadores de la situación que estamos viviendo, que es una situación límite.
Las familias no quieren dejar de pagar, es que no pueden pagar. Incluso dejan
de comer por pagar. Y eso es una injusticia”.
Denuncia
que “la postura de ellos hasta ahora es marearnos con papeles, entregar
millones de papeles, negociaciones muy largas y ofrecer soluciones pero con
cuenta gotas y cada vez somos más afectados. Están provocando un embudo”. Por
eso han comenzado una campaña de recogida de firmas para entregar un escrito en
la Fiscalía donde exigen que se estudie su situación.
En
Sevilla son más de cuarenta las familias afectadas “y cada día somos más”. Relata que esta actuación ya la intentaron con
anterioridad, pero “no nos dejaron presentar el escrito, esperemos que hoy por
lo menos nos dejen presentarlo”, porque “no
estamos pidiendo más que lo que sería normal en una sociedad democrática, que
se estudien nuestros casos y que vean si hay delito o no”. La Plataforma
presentó una denuncia que está estudiando el juez Ruz, pero “todavía no sabemos
si acepta o no la demanda”.
Dicen
no entender la posición de la Fiscalía. “Para nosotros es totalmente
incomprensible que la Fiscalía no actúe de oficio en estos casos —aclara
Claudia—, entendemos que hay un poder que les hace mucha presión, pero no es de
justicia. Si hubiera una justicia real esto lo estarían estudiando y se
llevarían las manos a la cabeza”. Esta afectada cuenta que se trata de “hipotecas
puente, que han hipotecado dos viviendas. En mi caso han hipotecado la vivienda
de mi madre, que ya la tenía pagada, y en vez de ponerla como avalista la han
puesto como hipotecante, es decir, que mi madre con 76 años se puede encontrar
con que la echen de su casa, de que la desahucien”.
En
su opinión, “España se encuentra en esta situación por culpa de los banqueros,
no nos gobiernan los políticos, nos gobiernan los banqueros. Los políticos
están a su servicio. Están arruinado a las familias con tal de poder seguir
manteniendo su estatus, el de políticos y banqueros, pero a la familia media la
están arruinando”.
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