La Plataforma Andalucía
Libre de Fracking exige a PSOE e IU “que materialicen una ley de
prohibición del fracking en Andalucía, así como una revocación inmediata de los
permisos de investigación ya otorgados y de los que están actualmente en
tramitación”. En su opinión, sería un ejercicio de coherencia con el compromiso
público firmado ayer por 20 partidos políticos, entre los que se encuentran, de
prohibir dicha práctica en investigación y en explotación de yacimientos de
hidrocarburos no convencionales. Dicho compromiso también incluye la
paralización inmediata de cualquier proyecto de investigación o de explotación
de estos hidrocarburos autorizados en el Estado Español.
Andalucía
cuenta con permisos de investigación en estado de desarrollo donde ya se podría
empezar a realizar fracking. Según informan en un comunicado, la superficie
total que se encuentra afectada por este tipo de permisos otorgados suponen
82.700 hectáreas en Cádiz, 27.200 en Sevilla y 68.000 en Jaén. A esta
superficie ha de sumarse una cantidad equivalente en permisos de investigación
que actualmente están en tramitación, y
que afectan también a Córdoba y otras 61.000 hectáreas de antiguos permisos de
explotación cuya reactivación se está tramitando en la capital andaluza.
Desde la Plataforma PALF solicitan al gobierno de PSOE e IU de la Junta de Andalucía “que sea coherente con dicho acuerdo a nivel estatal y lo ya aprobado por el Parlamento Andaluz en sendas Proposiciones No de Ley en junio y septiembre del año pasado”. Por ello exigen una prohibición del fracking en Andalucía, como ya han hecho otras Comunidades Autónomas, así como “que se ejecute la revocación sin demoras de los permisos vigentes, en tramitación y en reactivación”.
“En caso de no proceder coherentemente en Andalucía —aseguran— estos partidos
estarían demostrando su hipócrita oportunismo político a la hora de firmar
compromisos emanados la sociedad en periodo de elecciones”. Además añaden que
“teniendo en cuenta el avanzado estado de desarrollo de los permisos de
investigación vigentes, la no actuación por parte de la Junta puede significar
que Andalucía sea una de las primeras comunidades autónomas donde se desarrolle
el fracking y por lo tanto donde empecemos a sufrir las graves consecuencias
ambientales y sociales de esta actividad”.
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