Hostigamiento contra un grupo de abogados de derechos humanos mexicanos

El pasado 10 de marzo allanaron la oficina, que también es la casa donde vive, de Leonel Rivero Rodríguez, famoso abogado de derechos humanos mexicano, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  Los asaltantes dejaron las puertas traseras abiertas y las luces encendidas, pero no se llevaron ningún documento confidencial.

Seis días antes, el 4 de marzo, tres desconocidos irrumpieron en un hotel donde el abogado se hallaba reunido con diferentes miembros de las comunidades del estado de Michoacán para tratar con ellos una asunto delicado que está llevando junto con su colega de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A. C, Augusto César Sandino Rivero Espinosa.

Además el 17 de enero pasado, Leonel Rivero Rodríguez recibió amenazas por teléfono. Le dijeron: "Mira no me estés chingando la madre porque te estoy hablando bien verdad, porque yo soy, yo soy, no te voy a decir quién soy verdad pero soy algo". Posteriormente presentó formalmente una denuncia ante la Procuraduría General de la República, pero no se ha llevado a cabo ninguna investigación sustantiva para identificar a la persona que hizo la llamada. El Gobierno del estado de Chiapas ha prometido enviar un vehículo patrulla a su casa.

Leonel Rivero Rodríguez ya ha denunciado otros actos de hostigamiento y vigilancia con anterioridad. En marzo de 2013 recibió en varias ocasiones en su buzón de voz grabaciones de conversaciones personales que había mantenido durante el día y de reuniones con sus clientes, lo que  indicaba que estaba siendo vigilado y que quienes lo vigilaban tenían acceso a su casa y oficina. Todos estos actos intimidatorios han sido puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La de Leonel Rivero Rodríguez no es una situación excepcional. Es extensiva a otros profesionales que trabajan en el mismo campo. Los abogados de Defensa Estratégica en Derechos Humanos tratan asuntos delicados, como la presunta desaparición forzada de dos presuntos miembros de un grupo armado de oposición, así como la de varios miembros de una comunidad indígena de Michoacán detenidos por su relación con un grupo comunitario de autodefensa.

Tras los actos de intimidación de marzo de 2013, Leonel Rivero Rodríguez solicitó medidas de protección del mecanismo encargado de la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas, que prestó protección policial temporal a tres de ellos. Tanto Rivero Rodríguez como Sandino Rivero se han beneficiado antes de medidas especiales de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por amenazas que habían recibido en relación con otro asunto.

En 2012, las dos cámaras del Parlamento mexicano aprobaron por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil, pero no establece protocolos operativos y directrices claras sobre cooperación entre autoridades federales y estatales, y tampoco asigna recursos que garanticen su eficacia. 

Las autoridades no pueden dar por sentado que su responsabilidad se limita a establecer un mecanismo de protección. La ley se quedará en papel mojado si no garantizan su implantación y la justicia no persigue a los culpables de estas coacciones.