Florida ejecutará a Paul Howell a finales de febrero a pesar de las dudas legales

Cuando en febrero de 1992 el agente James Fulford, de la policía estatal de Florida, murió en la explosión de un automóvil, se iniciaron procedimientos judiciales contra Paul Howell en los tribunales estatales y federales: en los primeros por el asesinato del policía y en los segundos por cargos en virtud de una ley federal sobre conspiración relacionada con el narcotráfico.

Según la versión del caso presentada por la acusación durante el juicio celebrado en 1994, el acusado construyó una bomba con la intención de matar a Tammie Bailey en la casa de ésta en Marianna, al oeste de Florida, para eliminarla como testigo que podía relacionarle a él y a su hermano con un asesinato anterior.

Para la acusación, Bailey y los dos hermanos formaban parte de una red de narcotráfico. La bomba se colocó en el interior de un microondas que luego se envolvió como regalo. Howell pagó a otro hombre para que entregara el paquete, pero este hombre se vio obligado a detenerse cuando el agente de la policía estatal Jimmy Fulford le dio el alto por exceso de velocidad. Cuando su compañero se llevó al hombre, Fulford abrió el paquete. La bomba hizo explosión y lo mató.

Paul Howell, en la actualidad de 48 años de edad, tiene prevista su ejecución en Florida el próximo 26 de febrero por dicha causa. En 2013, un juez federal calificó a los abogados que lo representaron en el juicio y en la apelación inicial de "incompetentes, poco eficaces y muy poco profesionales". De nada ha servido.

A Howell se le asignó al mismo abogado para ambas causas. El letrado se retiró de la causa federal, alegando que su esposa había recibido una llamada telefónica amenazadora en la que le habían dicho: "Si Paul Howell cae, [el abogado] también cae".

Los comentarios perjudiciales que realizó sobre su cliente en la causa federal —entre ellos el de que creía que su cliente sería condenado y que estaba relacionado de algún modo con la amenaza— fueron citados más tarde en una moción presentada por la fiscalía en la causa estatal para que dicho abogado fuera retirado del caso, al igual que en la causa federal.

En dicha moción la acusación del Estado subrayaba que "la lealtad es la esencia de la relación del abogado con su cliente", y el fiscal hizo comparecer a un agente federal que declaró que, según su investigación, la presunta llamada de amenaza no había existido.

El juez se negó a retirar al abogado, que representó a Paul Howell en el juicio. El jurado declaró a Howell culpable, y tras una fase de determinación de la pena que duró menos de una hora, decidió por 12 a favor y dos en contra imponerle la pena de muerte, condena que el juez ratificó el 10 de enero de 1995.

El abogado designado para representar a Paul Howell en la apelación dejó transcurrir el plazo de un año sin presentar una petición federal de hábeas corpus. Los tribunales federales resolvieron que no existían "circunstancias extraordinarias" que disculparan esta tardanza en presentar el recurso, y desestimaron la petición sin examinarla.

La víspera de la ejecución de Paul Howell prevista el 26 de febrero de 2013, la Corte de Apelaciones del Undécimo Distrito concedió un aplazamiento para estudiar si era aplicable una sentencia de la Corte Suprema dictada en 2010 en otro caso para reabrir el suyo.

En septiembre pasado resolvió que no lo era. Una de los tres jueces afirmó que, a pesar de que el precedente podría exigir esa resolución, Howell tenía sólidas razones para alegar que "tanto su abogado en el juicio, que inventó unas amenazas de muerte para ser excusado de representarle, como su abogado inicial para el hábeas corpus, que ni siquiera se puso en contacto con su cliente hasta que finalizó el plazo para su presentación ante un tribunal federal, fueron incompetentes, poco eficaces y muy poco profesionales".

La jueza añadía en su escrito: "es anticonstitucional e inmoral que los reclusos condenados a muerte pierdan un derecho constitucional fundamental por los errores de su abogado, especialmente cuando son tan notorios como los de este caso."

Hay dos peticiones pendientes de resolución ante la Corte Suprema de Estados Unidos: una sobre la cuestión del plazo vencido y otra en la que se alega que "ninguna corte, estatal o federal, ha oído la convincente alegación de asistencia poco eficaz del abogado por no investigar ni presentar las pruebas atenuantes disponibles para convencer al jurado de que perdonara la vida al señor Howell".

Estas pruebas incluyen los malos tratos físicos y las privaciones que padeció en su infancia en Jamaica, donde nació y de donde salió a los 12 años —actualmente es ciudadano estadounidense—, así como datos sobre los problemas de salud mental que aparecieron cuando estaba en el ejército estadounidense, desde los 18 hasta los 25 años, e indicios de una posible esquizofrenia tras ser licenciado, en torno a 1990.

Los abogados actuales de Howell continúan alegando que el conflicto de intereses del letrado que lo representó en el juicio creó tal desconfianza entre él y su familia que apenas pudieron reunirse testimonios atenuantes para la fase de determinación de la pena, y no se citó a declarar a ningún miembro de ésta.

También afirman que aunque un psicólogo presentó algunos datos sobre la salud mental de su defendido en la fase de determinación de la pena, "no sólo [fue] parco en detalles", sino que no estableció ninguna relación entre los problemas de salud mental y el delito que consideró el jurado al decidir si lo condenaba a muerte.

Según los juristas, Howell "creció en condiciones de extrema pobreza en Santa Hill (Jamaica), donde su familia de ocho miembros vivía en dos habitaciones". Entre otras cosas, los niños estuvieron expuestos desde edad muy temprana a pesticidas tóxicos en los campos donde trabajaban ellos o sus padres. Los padres emigraron a Fort Lauderdale, en Florida, cuando Paul Howell tenía siete u ocho años. 

Él y sus cinco hermanos se reunieron con ellos unos cinco años después. Durante esos cinco años, los niños estuvieron con unos "familiares muy abusivos" que los sometían a severos castigos físicos. Durante su infancia, Howell sufrió convulsiones para las que no recibió ningún tratamiento médico. El gobernador Scott le ha negado el indulto.