El 24 de
noviembre, Hussain Jalad, activista bahreiní de los derechos humanos, acudió a
la comisaría de Al Wusta, al sur de la capital de Bahréin, Manama, para
presentar una denuncia contra un periódico bahreiní y una organización no
gubernamental organizada por el gobierno por difamación e incitación. Su
sorpresa fue que nada más hacer acto de presencia fue detenido, acusado de "incitar
al odio al régimen" en un discurso que pronunció el 12 o el 13 de
noviembre durante una concentración organizada durante el festival chií de
Ashura.
Jawad,
de 25 años y presidente de la Organización Europea Bahreiní de Derechos Humanos,
pidió en aquella ocasión al pueblo bahreiní que exigiera sus derechos pacíficamente
y sin temor y criticó con dureza a las autoridades. Tras su detención fue
trasladado a la comisaría de Al Noaim, donde pudo contactar brevemente con su
esposa, antes de ser llevado al centro médico de Al Qala para hacerle un
reconocimiento. De allí lo condujeron a la comisaría de Al Houra. El 25 de
noviembre, Jawad compareció ante el fiscal, que ordenó su detención durante 15
días, mientras se llevaba a cabo una investigación, y su traslado a la prisión
del Dique Seco de Manama.
Tanto él como otros activistas de los derechos
humanos han sido objeto de una campaña de desprestigio emprendida por el
periódico bahreiní Akhbar al-Khaleej y tres ONG controladas por el gobierno.
Este hostigamiento se inició tras haber lanzado el Centro de Derechos Humanos
de Bahréin la campaña "No a la impunidad en Bahréin", dando los
nombres de autores de abusos contra los derechos humanos cometidos en el país.
Hussain Jawad es hijo de Mohammad Hassan Jawad,
quien forma parte de un grupo de 13 activistas de la oposición encarcelados y
cumple 15 años de condena en la prisión de Yaw. El Centro de Derechos Humanos de Bahréin llevó a cabo su campaña
"No a la impunidad en Bahréin" del 1 al 23 de noviembre 2013. Con el
lema "Buscados en bien de la justicia en Bahréin". Durante su
transcurso hizo públicos los nombres de personas que consideraba responsables
de las violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo en el país o
implicadas en ellas, así como los actos de los que se las acusaba.
Cuando se cumplen dos años de la publicación del
informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, el gobierno
no ha aplicado las recomendaciones clave formuladas en él. Sigue habiendo
presos de conciencia, incluidos algunos detenidos durante las manifestaciones.
Se continúa reprimiendo el derecho a la libertad de expresión, asociación y
reunión, y se ha encarcelado a más personas aún por el simple hecho de
atreverse a expresar sus opiniones a través de Twitter o en marchas pacíficas.
Los tribunales bahreiníes parecen más preocupados por acatar lo que diga el
gobierno que por ofrecer un recurso efectivo a los ciudadanos y hacer valer el
Estado de derecho.
La Comisión Independiente de Investigación de
Bahréin, establecida por real decreto el 29 de junio de 2011, quedó encargada
de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con las
protestas de ese año. Cuando presentó su informe en noviembre, el gobierno se
comprometió públicamente a aplicar las recomendaciones formuladas en él. En el
informe se describía la respuesta del gobierno a las protestas multitudinarias
y se documentaban abusos generalizados contra los derechos humanos. Entre sus
principales recomendaciones figuraba la petición al gobierno de hacer rendir
cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos, como tortura y
uso excesivo de la fuerza, y realizar investigaciones independientes sobre las
denuncias de tortura.
Sin embargo, muchas de las promesas del gobierno
siguen sin cumplirse. El establecimiento de la Comisión y su informe se consideraron
una iniciativa innovadora. Sin embargo, la promesa de reformas significativas no
se ha cumplido debido a la falta de disposición del gobierno a aplicar
recomendaciones clave sobre rendición de cuentas. También por su falta
de medidas para llevar a cabo investigaciones independientes, efectivas y
transparentes sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos y de uso
excesivo de la fuerza y para procesar a todos los que dieron las órdenes de
cometer abusos contra los derechos humanos.
El Parlamento de Bahréin celebró el 28 de julio
de 2013 una sesión extraordinaria, tras la que presentó al rey, Shaij Hamad Bin
Issa Al Jalifa, 22 recomendaciones, en virtud de las cuales se endurecían las
penas previstas en la legislación antiterrorista de 2006. Días después, el
monarca dictó varios decretos que restringían aún más el derecho a la libertad
de expresión con medidas como prohibir indefinidamente todas las
manifestaciones, sentadas y concentraciones públicas en Manama, y otorgar
amplios poderes adicionales a las fuerzas de seguridad.
El 9 de de septiembre de 2013, en una
declaración conjunta, firmada por 47 países en el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, se expresó honda preocupación por las violaciones de derechos
humanos que se cometen en Bahréin.
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