El
30 de septiembre, a las ocho y media de la tarde, dos desconocidos abordaron a
Adelinda Gómez Gaviria y a su hijo Wilson Pipicano, de 16 años, en la zona de
Cortaderas del municipio de Almaguer, departamento del Cauca, Colombia. Dispararon
contra ambos, matándola a ella e hiriendo de gravedad al muchacho. Un mes antes
de su muerte Adelinda había recibido la siguiente amenaza por teléfono: "deje de joder con esa cosa de la minería,
eso es riesgoso y se va a hacer matar".
Adelinda
Gómez Gaviria era defensora de los derechos humanos y líder de la organización
no gubernamental Proceso de Mujeres Maciceñas, que forma parte del también no
gubernamental Comité
de Integración del Macizo Colombiano, CIMA. Desempeñaba un papel activo
en la oposición a la explotación minera aurífera promovida por compañías
multinacionales y pequeñas empresas privadas en el municipio de Almaguer.
También
denunciaba las amenazas que estos intereses mineros representan para el medio
ambiente y los medios de vida de los campesinos de la zona. Adelinda había
contribuido a organizar en febrero de 2013 una reunión municipal sobre minería
y medio ambiente, a la que asistieron 1.500 campesinos y miembros de
comunidades indígenas que expusieron a las autoridades del municipio y del
departamento sus motivos de preocupación con respecto a las operaciones de
explotación minera en la zona.
El CIMA es una organización no gubernamental, dedicada a prestar apoyo a las comunidades civiles del Macizo Colombiano del departamento del Cauca para conseguir que puedan seguir en sus tierras. El homicidio de Adelinda Gómez Gaviria se ha cometido en un momento en que numerosas empresas mineras privadas intentan iniciar operaciones ilegales de minería en Almaguer y los municipios vecinos a la vez que compañías multinacionales intentan conseguir concesiones mineras en la zona. Se calcula que si estos planes siguen adelante podría verse afectado casi todo el municipio, sino el municipio en su totalidad.
Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que se han opuesto a las operaciones de explotación minera exterior, incluidas las de compañías multinacionales, han sufrido a menudo homicidios y amenazas de paramilitares que actúan solos o en connivencia con las fuerzas de seguridad. También es la población civil víctima de amenazas u homicidios cuando se opone a las operaciones ilegales de minería respaldadas por la guerrilla.
El homicidio de Adelinda Gómez Gaviria hace temer por la seguridad de otros miembros del CIMA que también han recibido amenazas en el contexto de campañas contra las operaciones de explotación minera.
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