Herón Sixto López, defensor de los derechos humanos mexicano, asesinado

El cadáver de Herón Sixto López, defensor de los derechos humanos en México, fue hallado el pasado 20 de julio cerca de la comunidad de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, estado de Oaxaca. Le habían disparado al menos seis tiros y ahora se teme por la vida de su familia y uno de sus colegas.

La desaparición de Herón fue denunciada cinco días antes, el 15 de julio, cuando se le vio por última vez en su despacho del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas (COAPI). Su trabajo consistía en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en las comunidades locales y una de sus actividades era representar a los indígenas mixtecos en las disputas de las tierras.

Durante los últimos meses había recibido llamadas telefónicas anónimas y, al parecer, en una de ellas le dijeron que lo iban a hacer desaparecer. Desde su asesinato, su familia ha denunciado incidentes que indican que también ellos pueden correr peligro. El 21 de julio, tras el entierro de Herón Sixto López, vieron que un automóvil los seguía. Además, aún no se han establecido las circunstancias en torno al asesinato de Herón Sixto López.

El COAPI se fundó en 2001 para defender y promover los derechos de los indígenas mixtecos locales y ofrecer asesoramiento a ese respecto. Algunos de estos indígenas mantienen disputas con terratenientes por su derecho a la tierra.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos de México se enfrentan a amenazas, actos de intimidación y ataques como represalia por su trabajo. Las investigaciones casi nunca dan lugar a que los responsables comparezcan ante la justicia, y esto crea un clima de impunidad e inseguridad. En los últimos años, las amenazas y los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos han ido en aumento en Oaxaca.

En 2012, las dos cámaras del parlamento mexicano aprobaron por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de la ley está en curso, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil. Sin embargo, el mecanismo aún no funciona de manera efectiva para todas las personas que han pedido protección.