Guadalquivir, ¿excusa o víctima?

Si existe un ejemplo que pone de manifiesto de forma clara la ancestral incompetencia de nuestra clase política y la pléyade de intereses ocultos que se agazapan tras cada decisión política, ése es el proyecto de dragado de profundización del Guadalquivir.

 

Tras diez años de paralización por una u otra causa, fundamentalmente porque este país es especialmente experto en hacer las cosas mal desde el principio y en anteponer los mezquinos intereses individuales y partidistas al interés general, ahora surgen las prisas de última hora, cuando Europa ha puesto como plazo límite 2015 para gastar los fondos destinados a la obra.

 

Y ello cuando todavía está pendiente de cumplimiento la principal exigencia de los científicos en su informe de 2010, que nunca negó su viabilidad, sino que lo condicionó a que primero se recuperase un estuario que está al borde de la muerte biológica. Muchas de las medidas que defienden no suponen siquiera coste económico alguno, a pesar de lo cual, aún continúan sin ponerse en marcha.

 

La Autoridad Portuaria de Sevilla sigue a lo suyo y además sin hacer los deberes, puesto que el nuevo proyecto no lo conoce nadie y todos cuestionan que recoja las recomendaciones de los científicos que son, hasta ahora, preceptivas. La postura actual es negar la mayor: cuestionar la validez de un estudio que ella misma encargó y que costó 3 millones de euros al bolsillo de los contribuyentes.

 

Mientras tanto, las fuerzas políticas y sociales se ven obligadas a consultar primero la brújula de la representación política a la hora de pronunciarse y dependiendo de la posición geográfica toman una postura u otra, en función de los intereses electorales en juego. Jamás el río y su estado de conservación ha sido tan poco protagonista en un debate en el que se juega la vida, nunca mejor dicho.

 

Los populares andan divididos y desautorizando sistemáticamente las posturas "oficiales" que desde el atril andaluz del partido lanza su secretario general, José Luis Sanz. Mientras la cúpula regional del partido vocea a los cuatro vientos su postura favorable a la ejecución de la obra ‑con el Alcalde de Sevilla y presidente del partido, Juan Ignacio Zoido, a la cabeza-, desde las provincias de Huelva y Cádiz llegan posicionamientos contrarios y formaciones de frentes comunes para oponerse al proyecto. Incluso en la provincia de Sevilla, concretamente en Lebrija, apoyaron la semana pasada una moción de rechazo al dragado.

 

Los socialistas tampoco es que estén como para tirar cohetes. El consejero Luis Planas ha lanzado la pelota al tejado del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y ha exigido la elaboración de una nueva declaración de impacto ambiental. Planas asume el dictamen de los científicos y sabe que el visto bueno de Bruselas pasa por un informe de no afección a la Red Natura 2000 que ha de elaborar la Junta. En la misma línea se ha posicionado Juan Espadas, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, quién ha instado al Puerto a poner sobre la mesa el proyecto y al ministerio a posicionarse sobre si cumple o no todos los requisitos necesarios. Eso sí, preocupándose en  respaldar las gestiones de la Autoridad Portuaria y pedir una comisión "al máximo nivel" donde se analicen "las medidas para la recuperación del estuario".

 

Fue Izquierda Unida quien llevó el debate sobre el dragado al Parlamento de Andalucía y pidió la comparecencia de Planas. Su postura ha sido siempre de rechazo a la obra si no logra cumplir con el dictamen de la comisión científica. Incluso los responsables de IU en Huelva han propuesto la creación de un frente común con la provincia de Cádiz para oponerse a ella.

 

En el mundo empresarial y sindical, tres cuartos de lo mismo, como ya se hizo patente en el reportaje que efectuamos en sevilla report. Las cúpulas regionales de los aparatos andan mareadas ante los pronunciamientos diametralmente opuestos de sus responsables provinciales afectados. La división es especialmente significativa en el caso de los sindicatos, donde incluso se han producido desautorizaciones públicas para evitar males mayores.

 

Al mismo tiempo, tanto ecologistas como regantes continúan alertando con sus denuncias ante diferentes autoridades la legitimidad de un proyecto que si se caracteriza por algo es por no provocar el consenso exigible dada su envergadura. Por motivos diametralmente opuestos, aseguran que llevaran ante los tribunales una actuación que en su opinión vulnera la legalidad.

 

Mientras tanto, el proyecto acumula retrasos y corre el riesgo de perder la financiación europea. Es especialmente relevante que a estas alturas una cuenca como la del Guadalquivir, de las más importantes de España, no cuente siquiera con una autoridad única que garantice la gestión integral del estuario y que sea capaz de poner en marcha las medidas necesarias para su preservación y hacerlas compatibles con los diferentes y variados proyectos que afectan gravemente a la salud del río.

 

Algo que no deja de sorprender, tratándose de un país como este, donde la improvisación y el hacer las cosas a la ligera y sin calibrar sus consecuencias se ha convertido en la norma habitual. Tanto que a estas alturas ya no sabemos distinguir si el río Guadalquivir ha pasado de ser la excusa a la víctima de este lamentable desaguisado.