Tenosique es una
localidad del estado mexicano meridional de Tabasco que cuenta con un albergue
para migrantes denominado “La 72”. En la estación de ferrocarril del pueblo los
inmigrantes irregulares suben a bordo de trenes de mercancías que se dirigen
hacia el norte, a la frontera con Estados Unidos.
Los trabajadores
del albergue se mosquearon sobremanera el pasado 3 de marzo cuando vieron
deambular por la estación a un hombre sospechoso de estar implicado en bandas
delictivas que extorsionan a los migrantes para obtener de ellos dinero a
cambio de dejarles viajar en el tren.
Al día siguiente, 4
de marzo, el tipo se personó en “La 72” y los trabajadores del albergue le
negaron la entrada por considerarlo una amenaza para los que allí se hospedaban.
El individuo culpó de esta actitud al defensor mexicano de los derechos de los migrantes
Rubén Figueroa, al que acusó de haber dicho el día antes al director del
albergue, fray Tomás González, que él estaba en la localidad y constituía una
amenaza para los inmigrantes. Fue entonces cuando profirió una amenaza de
muerte contra Figueroa; “lo traemos entre ceja y ceja —dijo— dile a tu amigo
Rubén que le vamos a dar piso, ya los contactos saben”.
El personal del
albergue denunció la amenaza de muerte contra Rubén ante la Procuraduría
General de la República (PGR) en Tenosique, que ha abierto una investigación.
Sin embargo, las autoridades locales han retirado recientemente las medidas de
protección proporcionadas tras las amenazas previas contra trabajadores de “La
72”, medidas que incluían patrullas policiales.
Tanto Rubén
Figueroa como fray Tomás González han sido víctimas de amenazas y actos de
intimidación constantes por su trabajo ayudando y defendiendo a los inmigrantes
irregulares que atraviesan México. Son cientos de miles que cada año intentan
atravesar el país procedentes de América Central y del Sur para llegar a
Estados Unidos. Muchos son detenidos por las autoridades de inmigración
mexicanas y devueltos a sus países de origen.
Durante una visita
que Amnistía Internacional realizó para investigar los informes sobre las
violaciones de derechos humanos que sufren estas personas descubrió que muchas
habían sido secuestradas por bandas, en ocasiones con la complicidad de
funcionarios locales. La impunidad por estos abusos contra estas personas, que
se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, ha permitido el
incremento de los mismos, a pesar de los compromisos del Gobierno de garantizar
el respeto por sus derechos. A raíz de ello la ONG puso en marcha esta acción.
En 2012, la Cámara
de Diputados y el Senado de México aprobaron por unanimidad la Ley para la
protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue
firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha
comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad
civil, pero todavía no están establecidos los protocolos operativos ni las
directrices sobre la necesaria cooperación entre las autoridades federales y
estatales. Tampoco están consignados los recursos para garantizar su eficacia.
Artículo publicado
en sevilla
report.
No hay comentarios:
Publicar un comentario