Raif Badawi, ciudadano saudí de 25 años y
fundador del sitio web de debate sociopolítico “Liberales saudíes” se
encuentra detenido desde el 17 de junio de 2012 en una prisión de Briman,
en Yidda. Las acusación que pesa sobre él es la de “establecer un sitio web que
menoscaba la seguridad general” y la de “ridiculización de instituciones
religiosas islámicas”.
Su juicio comenzó en junio de 2012 ante el
Tribunal de Distrito de Yidda y ha estado lleno de irregularidades, entre
ellas, según su abogado, el que el juez inicial fuera sustituido por otro que
con anterioridad había pedido que se condenara a su defendido por “apostasía”,
cargo que puede ser penado con la muerte. El letrado ha impugnado la
imparcialidad del juez en la causa.
El 17 de diciembre, dicho tribunal remitió la
causa al Tribunal General de Yidda recomendando que Badawi fuera juzgado por
“apostasía”. El 22 de diciembre, el tribunal General lo obligó a firmar unos
documentos que permitían iniciar su juicio por tal cargo. Seis días después, el
28 del mismo mes, el reo fue trasladado al hospital para ser atendido y descubrieron
que había contraído diabetes.
Los cargos contra Badawi tienen su origen en
varios artículos que ha escrito, entre ellos uno sobre el Día de San Valentín,
cuya celebración está prohibida en Arabia Saudí. Se le acusó de ridiculizar a
la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio de Arabia
Saudí, más conocida como policía religiosa, porque al final de uno de sus
artículos se podía leer: “Nos felicitamos por la Comisión para la Promoción de
la Virtud por su afán en conseguir que todos los miembros de la sociedad saudí
estemos entre las personas del Paraíso”.
En los cargos contra él se menciona también el
hecho de que no eliminara del sitio web artículos publicados por otras
personas, entre ellos uno en el que se insinuaba que la Universidad Al Iman
Mohamed ibn Saud se había convertido en “guarida de terroristas”.
El de Badawi no es el único caso de activistas
de derechos humanos a los que se intenta condenar por dicho delito. Hamza
Kashgari se vio obligado a abandonar el país el 6 de febrero de 2012 tras ser
amenazado de muerte por algunos clérigos, que lo acusaban de apostasía por unas
declaraciones que había hecho en la red social Twitter que consideraban
insultantes para el profeta Mahoma.
Un día después de abandonar el país, el rey
Abdulá bin Abdulaziz al Saud ordenó al Ministerio del Interior que lo detuviera
y le hiciera rendir cuentas por sus declaraciones. Las autoridades malaisias,
que no lo acusaban de ningún delito, lo detuvieron el 9 de febrero, a su
llegada al aeropuerto para tomar un vuelo a Nueva Zelanda y lo entregaron a las
autoridades saudíes pese a los llamamientos de organizaciones locales e
internacionales para que no lo devolvieran a Arabia Saudí. Desde entonces se
encuentra detenido.
Las autoridades saudíes someten a
hostigamiento a los defensores de derechos humanos y a las personas
críticas con el gobierno de manera sistemática, tanto por medio de los
tribunales como con medidas arbitrarias como prohibirles viajar. Dicha
represión se
ha visto especialmente intensificada recientemente.
En dicho país, los procedimientos judiciales
no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos; raras veces se
permite a los acusados contar formalmente con un abogado y en muchos casos no
son informados de la marcha del procedimiento. Además, pueden ser declarados
culpables sin más pruebas que confesiones obtenidas con coacción o engaño. La
pena de muerte está en pleno vigor por una amplia variedad de delitos, incluido
el de apostasía.
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