Cifuentes, caudillo de Madrid

A la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no se le escuchó apelar al derecho de los ciudadanos de Madrid a vivir en una ciudad “habitable”, cuando sus calles se poblaban de multitudes convocadas por los dirigentes de su propio partido, entonces en la oposición, por su oposición frontal a la política antiterrorista llevada a cabo por el gobierno de Zapatero. Por aquel entonces, el Partido Popular no se dedicaba todavía a liberar a presos de ETA por razones humanitarias.

Tampoco se la oyó abrir su boquita de piñón por el sin fin de manifestaciones convocadas por la Iglesia católica en contra del aborto, junto con las organizaciones pro vida, a la celebración multitudinaria de las Jornadas del 12M con motivo de la visita del Papa a España – que además suele servir a algunos para ganar un dinerillo extra a costa de los contratos amañados con las administraciones públicas-, con las convocadas por la AVT, tan numerosas entonces como extrañamente escasas en estos tiempos de acercamiento, o las celebradas cada dos por tres con motivo de los éxitos deportivos de los equipos madrileños o de las selecciones nacionales.

A Cifuentes, caudillo de Madrid, sólo se le ocurre salir a la palestra ahora y reivindicar la regulación (léase restricción) del derecho constitucional a manifestarse de los ciudadanos españoles con motivo de las protestas populares por el descarado secuestro de la democracia al que se está viendo sometido este país. Cuando nos vemos obligados a tragarnos como sapos las medidas de un Gobierno que ha cometido el mayor fraude electoral de la historia de la democracia española.

Esta heredera del franquismo sociológico, como bien la ha calificado Cándido Méndez, no se encuentra sola en esta vieja reivindicación de la derecha carpetovetónica de España. Antes que ella ya sucumbieron a dicha aspiración anacrónica, bien con sus palabras o con sus silencios, la caverna medieval que rodeaba a aquel “hombrecillo insufrible” que tuvo la suerte de gobernar este país para desgracia del resto de sus ciudadanos; José María Aznar, el de la foto de las Azores.

Incluso José Manuel Gómez Benítez, magistrado y miembro del Consejo General del Poder Judicial ha calificado esta mañana en la Cadena Ser sus manifestaciones como “típicas de regímenes autoritarios y dictatoriales”.  Pero, como se ha dicho antes, no está sola en este empeño y tiempo le ha faltado a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, al ínclito Mayor Oreja e incluso al propio Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en salir al quite con declaraciones parecidas o de igual rango de desfachatez.

Estoy convencido que la ciudadanía de este país sabrá responder como se merece a este tipo de actitudes impropias de un Estado democrático incluso tan precario como el que nos arropa. Están en juego la libertad de expresión y el propio Estado de Derecho si permitimos que olas involucionistas como la que ahora intenta asolar con todo atisbo de derecho en este solar patrio se perpetúen y echen raíces.

Espero que a su jefe, Mariano Rajoy, no se le haya soltado una lágrima al ver a su discípula efectuando tales manifestaciones, como cuentan que hizo Franco cuando vio por televisión a su presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, convocando a los españoles a manifestarse en la Plaza de Oriente el 1 de octubre de 1975 para exaltar a la figura del generalísimo.

Claro que lo mismo, de haber estado en el cargo por entonces, Cifuentes nos hubiera librado seguro de tan emotiva anécdota histórica con una orden fulminante.