Alexandre Anderson de Souza, presidente de la
Asociación de Hombres y Mujeres del Mar (AHOMAR) –asociación de pescadores a
las afueras de Río de Janeiro- y su esposa, Daize Menezes de Souza corren un
serio peligro tras recibir varias amenazas a causa de su trabajo como
ecologistas y, sobre todo, después del homicidio de dos miembros de la
asociación a finales de junio. Ninguno de los dos está recibiendo la protección
adecuada.
A finales de junio pasado, los cadáveres de
Almir Nogueira de Amorim y João Luiz Telles Penetra, pescadores y miembros
activos de AHOMAR, fueron
encontrados en la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. Ambos habían
desaparecido tras partir en una expedición de pesca el día 22 de ese mes. Las
investigaciones preliminares llevadas a cabo por la división de homicidios de
la Policía Civil señalan que habían sido atados antes de que se ahogaran.
Los homicidios han tenido lugar tras las constantes amenazas contra Alexandre Anderson de Souza, su esposa, Daize Menezes de Souza, y otros miembros de la asociación, relacionadas con las denuncias presentadas por la asociación contra la construcción de un oleoducto en la bahía, y contra los daños medioambientales que amenazan la forma tradicional de vida de los pescadores.
El 22 de mayo de 2009, el tesorero de AHOMAR,
Paulo César dos Santos Souza, fue golpeado y asesinado de un disparo en la
cabeza delante de su esposa y sus hijos. Al año siguiente, Márcio Amaro,
miembro fundador de la asociación, también fue asesinado a tiros en su casa.
Ambos casos siguen sin resolver.
Alexandre Anderson ha asegurado que, en los
últimos tres años, ha sobrevivido a seis atentados contra su vida. En agosto de
2009, él y su esposa fueron incluidos en un programa federal que proporciona
protección a defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, la
protección sólo se ha aplicado parcialmente.
Alexandre Anderson ha denunciado formalmente a
las autoridades, en numerosas ocasiones, que los agentes asignados cuentan con
poca formación y no están debidamente equipados. También ha declarado que
algunos agentes han trabajado anteriormente como guardias de seguridad en el
oleoducto, y han estado implicados en enfrentamientos con miembros de AHOMAR.
Su esposa, que trabaja como activista en la misma asociación, no está
recibiendo protección, pese a haber recibido también amenazas.
AHOMAR, creada en 2003, representa en la
actualidad a más de 1.800 pescadores y pescadoras tradicionales que viven y
trabajan en Río de Janeiro. Se creó para denunciar el creciente daño
medioambiental en la bahía de Guanabara, un daño que amenaza a los medios de
vida de los pescadores.
Desde el año 2007 ha estado haciendo campaña
contra Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), un consorcio que
construye oleoductos en la bahía de Guanabara. En 2009 logró detener el trabajo
en el oleoducto durante una protesta de 38 días, en la que los miembros de la
asociación anclaron sus barcos a lo largo del emplazamiento del oleoducto, en
la bahía.
Desde entonces, Alexandre Anderson ha denunciado
haber recibido amenazas.
En diciembre de 2010, una delegación de
Amnistía Internacional visitó la sede de AHOMAR en Magé, donde recibió
numerosas denuncias de violencia y acoso contra los miembros de la asociación.
La aplicación del Programa Federal de Derechos Humanos ha sido desigual en el estado de Río de Janeiro, que está a la espera de que se firme un decreto para la creación de un órgano estatal de protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Alexandre Anderson de Souza ha recibido medidas de protección de diversa calidad en una serie de acuerdos específicos; pese a su inclusión en el programa, su esposa no ha recibido protección.
En el caso de
AHOMAR, la situación se ha visto agravada por la retirada, en febrero de este
año, del destacamento de policía de la playa de Mauá (Destacamento de
Policiamento Ostensivo (DPO) da Praia de Mauá), cerca de la sede de la
asociación.
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