El 7 de febrero pasado se volvió a presentar ante el Parlamento de Uganda el proyecto de Ley contra la Homosexualidad, que quedó sin efecto al disolverse la cámara anterior en mayo de 2011. En caso de aprobarse -presumiblemente en el plazo de un mes- la ley institucionalizará la discriminación contra las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero.
La presidenta del Parlamento anunció que el Comité de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios ya emitió un informe sobre el proyecto en mayo del pasado año, por lo que podía decidir si se sometía a una segunda lectura. De aprobarse, sólo requerirá la firma del presidente para entrar en vigor.
El Código Penal ugandés ya prohíbe las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, pero el proyecto de ley va mucho más lejos; introduce la pena de muerte para el delito de “homosexualidad con agravantes”, castiga a quienes no denuncien en un plazo de 24 horas las infracciones de la ley y penaliza la “promoción” de la homosexualidad.
Las ONGs se quejan de que, además de perjudicar las vidas de aquellos ugandeses de quienes se piense que infringen sus amplias disposiciones, dificultaría el trabajo de los defensores de los derechos humanos y de los profesionales de la salud pública.
El momento político del país tampoco es el más adecuado. Tras las elecciones de febrero de 2011 se ha impuesto la prohibición de toda forma de reunión pública y manifestación pacífica bajo el pretexto de garantizar la seguridad pública. El viejo truco de siempre para acallar las protestas ciudadanas.
El proyecto de ley vulneraría el principio de no discriminación y permitiría violaciones de derechos humanos como el derecho a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación, la libertad y seguridad de la persona, el derecho a la intimidad, el nivel más alto posible de salud y el derecho a la vida.
Derechos todos garantizados por la Constitución de Uganda y por tratados internacionales y regionales de los que Uganda es parte como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Además, las personas homosexuales también han sido excluidas de los programas gubernamentales de prevención del SIDA y de la prestación de otros servicios de salud. Con el agravante de que el proyecto de ley transmitirá el claro mensaje de que quienes ataquen a homosexuales únicamente por su orientación sexual o su identidad de género no tendrán que rendir cuentas por sus actos.
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