Los políticos siempre sufren un problema de fondo a la hora de cuantificar la magnitud de un desmán cometido por algún correligionario. Es como si de repente se les olvidaran hasta las más elementales nociones matemáticas y, con tal de minimizar los excesos, en ocasiones demasiado evidentes, se dedican a levantar una cortina de humo a base de declaraciones vagas que contradicen las más elementales reglas del cálculo y de la lógica.
Se comprobó no hace demasiado tiempo, cuando saltó a los medios el escándalo del ERE fraudulentos en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Todavía recuerdo el fragor con el que variados dirigentes socialistas se lanzaron a asegurar a los cuatro vientos de que sólo se trataba de “cuatro sinvergüenzas”. A estas alturas de la película los cuatro felinos se han convertido en toda una banda que, de seguir así, amenaza con colapsar los juzgados a base de declaraciones y comparecencias.
Algo parecido le está ocurriendo al Partido Popular de Juan Ignacio Zoido con la trama clientelar de contrataciones de familiares y afines en los talleres de los distritos de Sevilla. A pesar de cada día que pasa salen nuevas evidencias de que no se trata de un caso aislado y puntual, los responsables políticos se limitan a reducir la cantidad a los “cuatro gatos de turno”, que no son cesados fulminantemente, sino que abandonan voluntariamente el cargo.
Algo que no concuerda en absoluto con aquella “luz y taquígrafos” que Zoido se hartó de prometer durante la campaña electoral y que, de no poner pies en pared a tiempo, corre el peligro de convertirse en toda una manada de sabana.
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