La sordera del PSOE

Hemos escuchado el mensaje de la ciudadanía en las urnas. Ése fue el mantra que repitieron una y otra vez los dirigentes socialistas cuando se hicieron públicos los desastrosos resultados electorales cosechados por su formación en las dos últimas elecciones convocadas.

A partir de ahí se multiplicaron las declaraciones que hablaban de abrir el partido a los ciudadanos, de permeabilizar las estructuras y permitir una mayor cercanía de los postulados ideológicos con las demandas de la gente de a pie.

Parecía que el abandono al que lo habían sometido cientos de miles de sus votantes iba a servir de escarmiento de una vez a quienes han hecho un arte en los últimos años del no cumplir los compromisos electorales e intentar servir al país enrocados en sus torres de marfil particulares y de espaldas a los ciudadanos.

Cuando arrancaron las protestas del Movimiento 15-M, muchos de ellos pusieron sus ojos ante una revuelta de magnitudes nunca antes conocidas y se conjuraron, tras el escarnio de las urnas, a enarbolar la reivindicación de algunas de sus propuestas para tratar de llevarlas a buen término. La última campaña electoral de Rubalcaba fue un buen ejemplo de ello y de los nefastos resultados que acarrea la credibilidad arrastrada por los suelos que conlleva el abusar de decir una cosa y luego hacer otra.

Pero es que los socialistas tienen un serio hándicap con su credibilidad, porque parece que a cada ocasión que se presenta la aprovechan para derribarla de un golpe seco y desterrarla a los niveles del lodo. Y esa falta de credibilidad, esa ausencia de convicción política para apostar por las medidas que su supuesta ideología demanda más allá de los cargos y las prebendas, les está pasando una onerosa factura. Y, lo que es peor, la mayoría no se da cuenta o no le interesa darse cuenta.

Esta semana se ha aprobado en el Parlamento de Andalucía la Ley del escaño 110. Yo estuve en las concentraciones que el Movimiento 15-M llevó a cabo ante la sede del Hospital de las Cinco Llagas, cuando se entregó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al respecto por parte de sus integrantes, que se habían desplazado desde todos los puntos de Andalucía. Era una oportunidad de oro para mostrar esa permeabilidad de la que tanto alardean.

Pero no ha sido así, y la ley aprobada no recoge las reivindicaciones más importantes planteadas por el movimiento ciudadano. Los andaluces no podremos proponer este tipo de iniciativas populares en materias legales que son básicas y que afectan directamente a la vida cotidiana de las personas como son la planificación económica, el empleo, las relaciones laborales y seguridad social, y la organización de las instituciones de autogobierno. El 15-M ya ha manifestado su protesta y su decepción. No es para menos. Una ley destinada a hacer aflorar la esperanza se ha visto abocada a convertirse en una mordaza.

Para más inri, como la iniciativa popular del 15-M se presentó antes de la nueva ley, se rige por ésta y tendrá que contar con 75.000 firmas, en lugar de las 40.000 actuales, y no podrá ser defendida en sede parlamentaria por un portavoz, como establece la nueva ley, a pesar de que aún no se ha debatido en la cámara.

Una vez más se permiten el lujo de dejar pasar una ocasión inmejorable de demostrar que sus oídos a la ciudadanía son reales y se lo toman muy en serio. Se han quejado públicamente de la falta de interlocutores del movimiento, de la inconcreción de buena parte de las propuestas que plantean. Pero cuando lo hacen siguiendo el cauce reglamentario les imposibilitan el camino y les niegan el derecho a defenderlas y debatirlas. La realidad vuelta del revés.

Si ésta es la manera de escuchar la voz de los ciudadanos, hubiera sido mejor estar sordos. Al menos hubieran ahorrado la calima de la decepción a mucha gente.