Reginald Jr, de 17 años, Vaughn, de 15 y Niarchos, de 11 aparecieron muertos por disparos en su casa familiar de Cleveland, en el estado de Ohio, el 6 de marzo de 1982. Su padre, Reginald Brooks, de 37 años, fue detenido en Utah dos días después acusado del asesinato.
Considerado competente para comparecer en juicio, Reginald renunció a su derecho a juicio con jurado y fue juzgado por un tribunal de tres jueces que le consideró culpable de los asesinatos y le condenó a muerte el 30 de noviembre de 1983.
En la actualidad, con 66 años y una esquizofrenia paranoide diagnosticada, se enfrenta a una ejecución por inyección letal prevista para el próximo 15 de noviembre, tras pasar casi 30 años en el corredor de la muerte.
En octubre pasado, un juez inició una vista para decidir si el preso era competente para ser ejecutado, o lo que es lo mismo, para determinar si comprende racionalmente la pena impuesta. El juez concluyó que Reginald “sigue teniendo una enfermedad mental, al igual que cuando cometió los homicidios”, que sufre de esquizofrenia paranoide y que presenta “delirios persecutorios que le tendieron una trampa para culparlo de un delito mientras él se marchaba de la ciudad”. A pesar de ello, el juez certificó que era competente para ser ejecutado. Algo para lo que sólo hace falta estar vivo.
Durante la vista, los abogados de la defensa obtuvieron unos documentos procedentes de los archivos del fiscal del juicio primitivo que contenían indicios de que Reginald, en el período previo a los homicidios, había mostrado un comportamiento extraño, aberrante y paranoide que apuntaba al deterioro de su salud mental. Aseguraron que no habían tenido acceso alguno a tales documentos durante el ejercicio de la defensa del reo y que “esta ocultación de las declaraciones de los testigos” les impidió totalmente representar a su defendido “de forma adecuada y competente”.
Los letrados que representan a Reginald en la actualidad están tratando de obtener una suspensión de la ejecución, aduciendo que se ocultó ilegalmente una información a la defensa que habría sido relevante para declarar al acusado no culpable por razones de enajenación mental, y como atenuante para descartar la pena de muerte.
Durante la vista de indulto ante la Junta de Libertad Condicional de Ohio, celebrada el 21 de octubre pasado, estaba entre los testigos con uno de los tres jueces del juicio de 1983, Harry Hanna, que declaró que no habría votado a favor de la pena de muerte de habérsele presentado la información sobre el comportamiento que había mostrado Reginald antes de efectuar los disparos.
“La nueva información procedente de los archivos del fiscal describe una situación diferente a la que se nos presentó a mí y a los otros dos jueces. Según mi revisión de las declaraciones y los informes policiales, parece bastante claro que Reginald Brooks sufría de esquizofrenia paranoide, lo cual está directamente relacionado con el asesinato de sus tres hijos”, afirmó en declaración jurada.
A pesar de ello, la Junta de Libertad Condicional ha recomendado al gobernador de Ohio, John Kasich, que el indulto sea denegado, aunque reconoce que el acusado “sufre un trastorno mental”. El gobernador no tiene la obligación de aceptar tal recomendación.
Durante el desarrollo de la vista, el psiquiatra Rahn Bailey afirmó que el trastorno de Reginald interfiere la capacidad de la persona de pensar con claridad, distinguir entre realidad y fantasía, gestionar emociones, tomar decisiones y relacionarse con los demás.
En declaración firmada manifestó: “Como psiquiatra forense puedo afirmar con razonable certeza, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, que las pruebas contenidas en los archivos de la fiscalía habrían justificado la defensa de una declaración de no culpabilidad por enajenación mental en el juicio. Tal afirmación se basa en un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y se sustenta con pruebas circunstanciales que eran evidentes para otras personas en la época que se cometieron los homicidios. Estas pruebas respaldan la hipótesis de que el Sr. Brooks ya tenía un comportamiento psicótico activo cuando mató a sus hijos”.
A día de hoy, el estado de Ohio está cuestionando su sistema de imposición de la pena capital. La presidenta de la Corte Suprema anunció el 8 de septiembre pasado la formación de un grupo de trabajo conjunto que será el encargado de revisar la imposición de la pena de muerte en el estado. El objetivo sería el de “garantizar que la pena de muerte en Ohio se administra de la forma más justa, eficiente y acertada posible”. El grupo de trabajo estará compuesto por jueces, fiscales, abogados defensores, legisladores y expertos que serán los encargados de obtener respuesta a la pregunta ¿Es el sistema actual el mejor sistema que podemos tener?.
El juez jubilado de Ohio que presidirá el grupo ha manifestado: “Tengo muchas dudas sobre si la pena de muerte se aplica adecuadamente en este estado, y espero que formulemos todas las preguntas incómodas que se tienen que plantear”.
En enero pasado, el juez Paul Pfeifer, de la Corte Suprema de Ohio, que cuando era legislador fue el coautor de la ley sobre la pena de muerte de este estado de 1981, escribió: “Ayudé a redactar la ley, y he ayudado a aplicarla. Desde mis perspectiva bastante excepcional, he llegado a la conclusión de que nuestra constante adhesión a la pena capital no nos beneficia […] Pregunto: ¿queremos que el gobierno de nuestro estado –y por extensión todos nosotros- se dedique a quitar vidas en lo que constituye una lotería de la muerte? No concibo que eso nos haga sentir cómodos a la mayoría de nosotros. Por eso, creo que ha llegado el momento de abolir la pena de muerte en Ohio”.
El único inconveniente es que igual ese decisivo momento llega demasiado tarde para el desgraciado Reginald Brooks.
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