Aparecen los cadáveres de los cuatro jóvenes desaparecidos en Ciudad Juárez

Los cadáveres de Juan Carlos Chavira, de 28 años, Daqnte Castillo, de 25, Raúl Navarro, de 29, y Félix Vizcarra, de 22, fueron hallados el pasado 13 de abril en una fosa de escasa profundidad en la carretera de Casas Grandes, a las afueras de Ciudad Juárez.

El hallazgo se producía prácticamente a la misma hora en que se celebraba una vista judicial en Ciudad Juárez para iniciar el procesamiento de los tres agentes de la policía municipal acusados de su desaparición forzada el pasado 26 de marzo. Los tres agentes están bajo custodia policial y al menos otros quince, todos pertenecientes a la fuerza Delta, continúan sometidos a investigación por su supuesta participación en los hechos, aunque no están detenidos y no se han presentado cargos en su contra. Se sospecha que los policías implicados actúan en connivencia con las bandas de delincuencia organizada responsables de miles de homicidios cada año en la ciudad mexicana.

Aquel fatídico 26 de marzo, según cuentan varios testigos presenciales, varios miembros de la Unidad Delta de la policía municipal dieron el alto y detuvieron a los cuatro jóvenes cuando circulaban en automóvil por el barrio de Pradera de los Oasis en Ciudad Juárez.

Los testigos identificaron los vehículos como pertenecientes al grupo de élite de la policía municipal, responsable de la seguridad personal de un Jefe de Seguridad Pública recientemente nombrado en la ciudad.

El vehículo en el que viajaban los cuatro jóvenes se lo llevó un agente de policía y más tarde apareció abandonado. Según manifiesta la policía, no existe registro de su detención y los agentes implicados han negado su participación en su desaparición.

Más de 80 policías municipales han comparecido ante la Procuraduría General para intentar crear confusión y demorar el proceso de identificación. Los familiares de los desaparecidos también presentaron una denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos de Chihuahua y un recurso de amparo.

Ahora, tras la muerte de los cuatro jóvenes, quienes corren verdadero peligro son los familiares, los testigos del caso y el representante de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa, que pidió activamente una investigación exhaustiva.

Desde 2007, el Gobierno atribuye al crimen organizado más de 34.000 homicidios. Tan sólo en 2010 se cometieron 3.000 homicidios en ciudad Juárez. El Gobierno ha desplegado miles de agentes de la policía federal y más de 50.000 militares en las zonas más afectadas, especialmente en Ciudad Juárez. Además ha reestructurado los cuerpo de policía estatales y municipales.

En muchas partes del país se ha asignado a militares en activo o retirados para ocupar cargos claves en la seguridad pública civil. Pese a los reiterados informes sobre violaciones graves de derechos humanos como homicidios, desapariciones forzadas y tortura a manos de diferentes fuerzas policiales y militares, rara vez se llevan a cabo investigaciones y los responsables casi nunca rinden cuentas de sus actos.