Manifestantes detenidos en Arabia Saudí

Las revueltas populares que se propagan por el Magreb y Oriente Medio ponen de manifiesto que uno de los deportes de mayor riesgo en la zona es la libertad de expresión. En Arabia Saudí, pese a ese empeño en transmitir una falsa imagen de modernidad, no iba a ser diferente.

El 3 y 4 de marzo pasado se celebraron manifestaciones en la ciudad de Al Qatif, en la Provincia Oriental de Arabia Saudí. El motivo de la protesta era la detención desde hace más de catorce años de nueve miembros de la comunidad chií a los que relacionan con el atentado contra el complejo de viviendas de Torres de Jobar, en la ciudad de Al Jobar. En dicha acción murieron 19 militares estadounidenses y un ciudadano saudí.

En las manifestaciones participaron alrededor de 200 personas, entre ellas las esposas de los nueve detenidos en relación con dicho atentado, otras de las tantas mujeres-todos-los-días-lucha que pueblan el tercer mundo y que tan magníficamente retrata Ramón Lobo. A pesar de que eran pacíficas, las fuerzas de seguridad encargadas de mantener el orden golpearon con porras y propinaron patadas al menos a tres personas.

Tras su celebración, resultaron detenidos 24 hombres que, según Amnistía Internacional, se encuentran recluidos en régimen de incomunicación y están expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos.

Dos de ellos, Hussain al-Yusef y Hussain al-‘Alq, son colaboradores habituales del sitio web www.rasid.com, donde a menudo escriben artículos informando sobre detenciones de miembros de la comunidad chií y sobre la discriminación que ésta sufre.

Hussain al-Yusef resultó detenido durante las protestas, pero a Hussein al-‘Alq lo arrestaron miembros de los servicios de Inteligencia General en su casa, durante la medianoche de ese mismo día. Fue llevado a una comisaría de policía de la cercana Tarut y posteriormente trasladado a otra de Al Qatif y su familia no sabe nada de él desde entonces. Según informan activistas de Arabia Saudí, se encuentra recluido en la Unidad de Inteligencia General de Dammam, en la Provincia Oriental.

Al-‘Alq había sido detenido con anterioridad otras dos veces. La primera tras el atentado de Al Jobar en 1996, cuando permaneció siete meses en prisión, sin cargos ni juicio. Transcurrido un año, fue apresado de nuevo y pasó otros cinco meses también sin cargos ni juicio. El año pasado lo citaron en una comisaría de policía y lo mantuvieron varias horas retenido porque poco antes había escrito un artículo en el que criticaba a un jeque.

Tras el atentado de Al Jobar en 1996 resultaron detenidas nueve personas integrantes de la comunidad Chií de la Provincia Oriental que aún continúan recluidas y sin juicio. Fueron interrogadas, sometidas a torturas, privadas de acceso a un abogado y de la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención o de pedir resarcimiento por abusos contra sus derechos humanos.

Según informa Amnistía Internacional, los nueve se encuentra recluidos en la prisión de Al Dammam y entre ellos figura Hani al_Sayegh, de entre 40 y 50 años, que había solicitado asilo político en Estados Unidos, pero que fue devuelto a Arabia Saudí el 11 de octubre de 1999 y arrestado nada más llegar.

En Arabia Saudí están prohibidas las manifestaciones. Quienes las practican suelen ser recluidos en régimen de incomunicación, sin cargos y sin acceso a un tribunal ante el que impugnar la legalidad de la misma. Los que critican al gobierno están expuestos a sufrir graves violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad que controla el Ministerio del Interior. Con frecuencia utilizan la tortura y otros malos tratos para obtener confesiones de los detenidos, castigarlos por negarse a arrepentirse u obligarlos a comprometerse a no criticar al gobierno. Las detenciones en régimen de incomunicación suelen duran hasta que se obtiene una confesión, proceso que puede suponer meses y, en ocasiones, años.

La gran mayoría de los ciudadanos saudíes son musulmanes sunís, que profesan la interpretación del Islam llamada wahabi. En este país no se tolera la práctica en público de otras interpretaciones del Islam suní y, aunque quienes la practiquen lo hagan en privado, están expuestos a sufrir persecución. El Estado considera al Islam chií incompatible con el wahabismo e impone restricciones a su práctica. Por eso, los miembros de la comunidad chií pueden ser objeto de detenciones arbitrarias y el temor a sufrir persecución les impide practicar su fe en libertad.

La situación social en Arabia Saudí no difiere demasiado a la del resto de países de la zona en los que se están extendiendo las resultas populares que exigen la puesta en marcha inmediata de reformas democráticas. El Ministerio del Interior se vio obligado a emitir una declaración confirmando la prohibición de las manifestaciones en todo el territorio nacional el pasado 5 de marzo. Es otro intento de cura en salud para las que ya están convocadas el 11 de este mismo mes.