La acelerada investigación que al cabo no fue tanto

1999 amenaza con convertirse en una fatídica data necrológica para el PSOE andaluz. Fue en ese año cuando Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla, inició su triste recorrido como regidor de la capital de Andalucía con los resultados por todos conocidos y el mismo en el que comienza el período de tiempo que la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quiere investigar en relación con el caso de las jubilaciones presuntamente fraudulentas incentivadas con fondos de la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. A veces, el tiempo depara este tipo de casualidades de intrincado sentido del humor.

Lo que el actual consejero de Empleo, Manuel Recio, ha pretendido vender como una actitud de “celeridad y transparencia”, parece no convencer a la juez, que considera del todo insuficiente e incompleta la documentación aportada por el ente autonómico y le insta a completarla en un plazo de 48 horas, a través de un auto fechado el 11 de marzo.

La Junta transmite su actitud de prontitud y colaboracionismo con los requerimientos de la Justicia, mientras que la jueza entiende que, tras la parafernalia, se esconde una pasividad incomprensible y un “incumplimiento flagrante” de la normativa y “el menoscabo de fondos públicos” que suponía. Está claro que el nivel de exigencia de Alaya no es tan fácil de satisfacer, por más que el presidente Griñán se esmere en afirmar lo contrario.

El toque de atención de Alaya descansa sobre unos hechos ciertamente preocupantes. Porque el número de intrusos que señala la investigación interna de la consejería de empleo no coincide, más bien rebaja, la cantidad de ellos en varios de los ERE investigados. Así, en el de Saldauto la administración apunta a 3, cuando la policía sostiene que son 8. En el de Surcolor la Junta detecta 2 y la policía 11 y en el de Hitemasa sólo uno ve la junta, mientras la policía descubre 5. Está claro que alguno de los concienzudos sabuesos tiene problemas con la vista.

Pero el verdadero mar de fondo de todo esto, como bien advierte Juan Carlos Blanco en su blog, es la triste realidad que se desprende de los datos aportados por el propio consejero de Empleo, Manuel Recio, tras concluir la investigación interna. 9 millones de euros escaqueados al erario público en un período de diez años sin que nadie lo advirtiera, 4 de cada tres empresas beneficiarias defraudaron a la Junta y 183 personas que cobran una prejubilación sin tener derecho a ello de las que 72 jamás habían trabajado en las empresas por las que percibieron la prestación. Para echarse a llorar y no parar.

El hecho de que la juez haya solicitado el organigrama de la Junta casi al completo también da mucho que pensar. Puede ser, como ha advertido hoy la consejera de Presidencia, Mar Moreno, que lo que pretenda es comprender en su justa medida el funcionamiento interno de la parte de la administración que ha tenido algo que ver con los ERE. Pero también es posible que tenga en mente ampliar el campo de tiro, de tal manera que otros blancos sean factibles de ser alcanzados.

Tal y como está el país, es una verdadera pena que no haya jueces así en otros tribunales como los valencianos, por poner un ejemplo. También es de lamentar, a pesar de la torpeza, la falta de una actuación similar por parte de otros gobiernos autonómicos salpicados por otros escándalos de corrupción.

En lo que sí están todos cortados por el mismo rasero es en el tema de rendir responsabilidades políticas por los casos de corrupción. A todos les da el mismo repelús afrontar ese juicio tan necesario de cara a la ciudadanía. Quizás algún día se atrevan a explicar el porqué.