El PSOE andaluz quiere evitar la batalla de Sevilla

Los ex consejeros que mantuvieron en el cargo al ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, que gestionó los seiscientos cincuenta millones de euros de la Junta para ayudas a empresas en crisis donde se ha detectado la trama de falsas prejubilaciones, José Antonio Viera y Antonio Fernández, no tuvieron responsabilidad alguna en las posibles irregularidades cometidas desde dicha dirección general.

Es la conclusión a la que ha llegado la dirección del PSOE de Andalucía, tras una reunión celebrada el jueves pasado en su sede de Sevilla. La cita se vio precedida por una dura sesión de control en el Parlamento andaluz en la que diputados del Partido Popular e Izquierda Unida reclamaron sus dimisiones.

Craso error. Porque a estas alturas de la película ya nade se cree que los ex consejeros no supieran nada del asunto, cuando hasta las suegras sabían el camino que tenían que transitar para acceder a una prejubilación fraudulenta. Debe ser que la sordera y la cortedad de visión son cualidades inherentes para postular al cargo, porque lo que está aflorando en los medios ya ha sobrepasado más que sobradamente aquella infantil teoría de los “cuatro sinvergüenzas” y tiene toda la pinta de ser una banda completamente estructurada y organizada.

Es difícil de asimilar, si no imposible, que los ex consejeros no estuviesen enterados, ni siquiera de oídas, de una trama en la que están implicados militantes socialistas y altos cargos, máxime cuando algunos de ellos eran personas tan cercanas a quienes ahora debía asumir la responsabilidad política. Y más difícil de creer resulta aún cuando se ha revelado que la inclusión de intrusos continuó después de que el presunto responsable de todo el embrollo, Javier Guerrero, fuese relevado de su cargo. El cuento es ya tan rocambolesco que las causas de tan errónea decisión hay que buscarlas en clave interna.

Si el 54% de los ERE de la Junta están contaminados con intrusos y con ese mismo fondo se contentaba a alcaldes, presidentes de diputaciones y fundaciones a través de 130 ayudas, no parece plausible que los responsables directos de la consejería donde anidaba el germen corrupto no estuvieran enterados de nada. Y aunque así fuera, algo más que discutible, eso mismo sería motivo más que suficiente para despedirlos ipso facto, porque debieron ser los únicos que no escucharon el estruendo de la tormenta.

En el trasfondo de la decisión de la dirección de los socialistas andaluces dormita el peso de una figura clave que está en el punto de mira; el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, uno de los ex consejeros que mantuvo a Guerrero en el cargo y el firmante del convenio de la consejería con el IFA que incluye el procedimiento que la policía judicial considera irregular.

Entregar la cabeza del secretario general de una agrupación tan poderosa como la de Sevilla en estos momentos no es nada fácil. Sevilla se ha convertido sin quererlo en la clave de los próximos comicios a los que han de acudir los españoles, tanto en lo local, como en lo regional y lo nacional. Prueba de ello es que las tres formaciones de más peso en la política nacional han llevado a cabo sus convenciones municipales en la ciudad. Algo tendrá el agua cuando la bendicen.

Descabezar la agrupación socialista de Sevilla supondría desenterrar el hacha de guerra en unos momentos en los que el PP sale disparado en las encuestas. Algo asó como entregarle la puntilla al oponente para que remate a la agónica res. Los socialistas han decidido negar la mayor y jugársela en el escrutinio de las urnas, una opción en la que esperan obtener más benevolencia.

Sin embargo, nada podrá impedir que los ciudadanos que tendrán que acudir a depositar su voto en los próximos meses, no digieran que no se depuren las responsabilidades políticas que un caso de tal magnitud exige. Porque será difícil que no acaben por deducir que, ante el monumental despiste de quienes han estado al frente de una consejería tan crucial como la de empleo en el oasis del paro, mejor hubiera sido otorgar tan mayúscula responsabilidad a alguien como la suegra de Guerrero, que no necesitó de aparato alguno para saber perfectamente lo que estaba ocurriendo y presuntamente beneficiarse de ello.