El secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, compareció ayer en rueda de prensa para defender su labor como Consejero de Empleo y Desarrollo tecnológico. A la cita acudió también, además de multitud de medios de comunicación, una nutrida representación del partido en Sevilla para arroparle.
Buena parte de su intervención inicial la dedicó a defenderse de las acusaciones vertidas durante el fin de semana por algunos medios, que le vinculan con el ERE de la empresa Cuerotex, al que se acogió su cuñado.
El resto lo empleó en explicar su gestión como consejero, desvinculándose de cualquier irregularidad y asegurando estar tranquilo porque en ningún momento ha cometido “ninguna ilegalidad”.
Sobre el ex director general de Trabajo que estuvo a sus órdenes, Francisco Javier Guerrero, afirmó que “el tiempo que él ha trabajado conmigo, lo hizo de manera satisfactoria" y que reclama para él "la presunción de inocencia que merece como cualquiera".
Lo que no aclaró Viera, a pesar de que se le preguntó expresamente por ello, es quién ha de asumir las responsabilidades políticas que se derivan de este caso. Porque, al margen de lo que determinen en su día los juzgados, cuando alguien “quiebra la confianza que se ha depositado en él”, tal y como el propio Viera dijo que había sucedido, ha de existir un responsable político que apechugue con las consecuencias.
A los ciudadanos, dadas la magnitud y la inmoralidad de lo sucedido, ya no les vale aquello de que “hemos sido engañado por cuatro sinvergüenzas” y que ahí se quede todo. Eso puede ser válido en el plano penal, si no se encuentran pruebas o indicios de participación directa en la estafa.
Pero de cara a la ciudadanía, el político que designa a alguien de confianza o que lo ratifica en el cargo, se hace implícitamente responsable su actuación como tal y en base a ello ha de rendir cuentas si esa actuación sobrepasa la legalidad.
Y no es sólo que lo aconseje el sentido común, sino que es el mejor tratamiento democrático para este tipo de casos y lo más aconsejable para el grado de coherencia exigible a un cargo público.
Alguien tiene que ser responsable de que un señor que presuntamente comente irregularidades con el dinero público que gestiona se cuele en la administración pública por designación directa. No es admisible que los ciudadanos tengan que comulgar con semejante metedura de pata sin que se les señale quién es el causante de la misma.
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