Se extiende la mancha tóxica de los ERE

Ayer se puso término a uno de los procesos más delicados que los socialistas sevillanos tenían por delante antes de afrontar las elecciones municipales del 22 de mayo: la elaboración y aprobación de la lista a la alcaldía.

Ahora, con el panorama más despejado, comienza una nueva cuenta atrás de cara a despejar el farragoso camino que resta hasta la contienda electoral: la depuración de las responsabilidades políticas derivadas del descubrimiento de las prejubilaciones fraudulentas en los ERE para empresas en crisis impulsados desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

A medida que se van conociendo nuevos datos, la mancha tóxica provocada por este escándalo se extiende salpicando a nuevas personas e instituciones como una marea lenta que va engullendo poco a poco a cuanto se cruza a su paso. El trasfondo de este asunto zarandea las fibras más sensibles de la sociedad dados los tiempos que corren.

En momentos en los que el alto índice de desempleo flagela a una sociedad débil y desprotegida, sumergida en una profunda crisis económica y de ciudadanía, tras sufrir la oleada de recortes más importante desde que el país recuperó la democracia, es difícil de digerir que el dinero público, destinado a paliar los azotes del paro y los efectos de la crisis, se pierda por los desagües de la corrupción porque alguien ha metido impunemente la mano para beneficiar a unos cuantos amigos.

Son estos casos los que consiguen que los ciudadanos pierdan la fe en las instituciones y que crezca el desapego hacia los políticos. Aquí no sólo está en juego la dignidad de la política, hoy en día uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía, sino que lo que corre verdadero peligro es la aceptación general de que la democracia es el mejor sistema del que podemos dotarnos para regular nuestro marco de convivencia.

Ante casos de corrupción como el que estamos viviendo es cuando la democracia se debería mostrar más fuerte, es cuando los partidos deberían ofrendar a los ciudadanos sus respuestas más rápidas y contundentes, para que estos no pierdan nunca la convicción de que la democracia funciona, a pesar de los corruptos, y que está más viva y fuerte que nunca.

Sin embargo, nos solemos topar con respuestas tibias, cuando no encubridoras, que buscan cualquier cosa menos aclarar la verdad y poner toda la información al alcance del ciudadano, que tiene todo el derecho a saber la verdad, porque al fin y al cabo es el dinero que sale de sus bolsillos el que se ha dilapidado.

Las últimas informaciones que han inundado la prensa apuntan a dos nuevos ERE con intrusos que no deberían figurar en ellos: el de Delphi y el de Saldauto. En el primero colocaron a ex trabajadores de una empresa auxiliar y en el segundo a dos ex sindicalistas de UGT de Córdoba. Por si faltara algo, la juez que lleva el caso ha imputado a uno de los trabajadores prejubilados en el ERE de Mercasevilla de 2007.

En el caso del ERE de Saldauto resulta especialmente llamativo lo fácil que parece solucionar problemas a los amigos cuando se tienen las influencias necesarias en el lugar adecuado. Lo que para un trabajador normal significa toda una vida de duro trabajo y sufrimiento, para este tipo de gente basta con una charla informal en un despacho cualquiera. El asunto es de tal calado, que el propio secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, ha tenido que saltar a la palestra para defender las siglas de su organización sindical ante la avalancha de críticas.

Demasiados políticos y sindicalistas involucrados en un asunto tan fétido. Deberían preguntarle a alguien que recientemente se ha levantado con la sorpresa de que ha de trabajar tres años más para tener derecho a una jubilación digna cómo sientan este tipo de cosas. Máxime cuando una parte importante de ellos mantienen con sus cuotas de afiliciación a este tipo de organizaciones.

El escándalo ya ha trascendido todas las fronteras territoriales habidas y por haber y se ha instalado a vivir en el parlamento nacional alentado por el Partido Popular. El líder del PP, Mariano Rajoy, ya ha anunciado que llevará el asunto al Tribunal de Cuentas, mientras sus escuderos por estas lindes, Arenas y Zoido, continúan solicitando insistentemente las comisiones de investigación en el Parlamento andaluz y en el Ayuntamiento de Sevilla que el PSOE deniega de manera sistemática.

En lo referente al Ayuntamiento sevillano, una ficha se ha movido y puede determinar un cambio decisivo en el tablero en el que se juega la partida. El candidato a la alcaldía por Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos, se mostró no hace mucho partidario de que se creara la comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el tema de los ERE. En el próximo pleno municipal tendrá una ocasión que ni pintada para demostrar su coherencia política cuando tenga que votar si está a favor de que se cree una igual para los ERE de Mercasevilla. Si Torrijos modifica el sentido de su voto y aparta de un manotazo el pacto de gobierno municipal, la comisión saldrá adelante y tendremos un fin de mandato algo más que movidito.

El actual consejero de Empleo, Manuel Recio, ha asegurado en fechas recientes que "en ningún gobierno y administración del mundo, se está libre de que cuatro sinvergüenzas se puedan aprovechar de lo que es lo público" y que lo que hay que hacer es “llevar los casos ante la justicia y recuperar el dinero”. Puede que tenga razón, pero con eso sólo no se tranquiliza a la ciudadanía.

Al igual que se actuó en 2009 cambiando el procedimiento presuntamente ilegal por otro más garantista, ahora es la hora de la política, la de rendir cuentas por haber ignorado las responsabilidades in vigilando que todo alto cargo político ha de tener sobre sus subordinados. Y no caben nuevas excusas, sino hechos contundentes que demuestren a los ciudadanos que se está con la transparencia y con la democracia.