Raúl Hernández es un miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) que fue detenido el 17 de abril de 2008, acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García, un informante del Ejército, cometido el 1 de enero de ese mismo año en la localidad de El Camalote, estado de Guerrero, México.
Un juez federal denegó el amparo a Raúl Hernández aduciendo que dos presuntos testigos habían declarado que él estaba presente cuando se disparó a la víctima. Sin embargo, no se tomaron en consideración las declaraciones de testigos presenciales que afirman que Raúl Hernández no se hallaba en el lugar de los hechos cuando se cometió el asesinato.
El pasado 30 de junio, el juez que preside el proceso dio por terminada la fase de presentación de pruebas y en unas semanas emitirá una resolución.
Durante la indagación criminal, dicho juez llevó a cabo una investigación del lugar del crimen, que confirmó que las declaraciones de los testigos que afirmaban que Raúl Hernández estaba presente en el momento del asesinato no son fiables.
Esos testimonios son la única prueba en este caso. En las próximas semanas se pedirá a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero que presente sus conclusiones sobre el caso, lo que le brinda la oportunidad de recomendar que se retiren los cargos contra Raúl Hernández.
Amnistía Internacional, que lo considera preso de conciencia, cree que el caso contra Raúl Hernández es una represalia de las autoridades por sus actividades legítimas de promoción de los derechos indígenas a través de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y por exponer los abusos cometidos por los caciques locales, los militares y las autoridades. De ahí que pida su liberación inmediata. Si quieres colaborar puedes unirte al grupo de Facebook “Free Raul Hernandez Abundio”.
La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) lucha desde su fundación en 2002 para construir el poder cultural, político y económico de los me’phaa y ha denunciado una serie de violaciones en contra de su pueblo; la violación sexual de dos mujeres indígenas por soldados del Ejercito Mexicano en 2002, cuyo caso esta al punto de llegar a la Corte Interamericana y la esterilización forzada de 14 indígenas de El Camalote, que recibieron indemnización después de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tales casos significan un alto costo político para el gobierno y han resultado en una serie de amenazas en contra de sus miembros; incluso encontraron muerto a un miembro destacado de la OPIM el año pasado: su cuerpo tenía huellas de tortura.
En el estado meridional de Guerrero viven alrededor de 116.000 indígenas Me’ phaa, y el estado tiene uno de los niveles de marginación más altos e indicadores de desarrollo humano más bajos de México, de acuerdo con la organización local de derechos humanos Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
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