"Se tomarán las medidas administrativas necesarias para que las obras concluyan. Tienen que existir empresas con capacidad económica y solvencia financiera suficiente para culminar los proyectos"
Son palabras de Fran Fernández, Delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, intentando justificar “el enésimo parón de los parkings” para residentes proyectados por la corporación municipal. En concreto los trece de ellos adjudicados a la empresa Azagra, la mayoría totalmente paralizados y sin actividad constructora alguna.
Resulta cuanto menos sorprendente que el delegado de movilidad se queje de la “falta de capacidad económica y solvencia financiera” de las empresas adjudicatarias. Sobre todo porque quien conozca los procedimientos de contratación del Ayuntamiento de Sevilla sabe a la perfección que uno de los criterios de valoración de las ofertas en los que se basa la adjudicación es precisamente ése: “la capacidad de obrar y la solvencia técnica, económica y financiera” que habrá de ser debidamente acreditada por la empresa que aspire a la adjudicación.
En las Normas de Contratación de Tussam, por poner un ejemplo, se especifica con total claridad en el Artículo 3. Capacidad del contratista:
“En los Pliegos de Condiciones se especificarán los requisitos de capacidad y solvencia y la forma de justificarlos. Cuando por la cuantía de la contratación no fuera necesaria la elaboración de Pliegos de Condiciones, se podrán especificar en la solicitud de ofertas los requisitos que se estimen necesarios, de acuerdo con el objeto del contrato.
La capacidad de obrar y la solvencia técnica, económica y financiera se acreditara por los medios que disponga TUSSAM de entre los establecidos en la Ley 30/2007.”
Mediante este sistema se han llevado a cabo todas las contrataciones concernientes a las obras del Metrocentro, una de las estrellas en el ranking de sobre costes en relación con la cantidad inicialmente presupuestada y cargadas por completo en las pírricas arcas de Tussam con las nefastas consecuencias que todos conocemos. Por cierto, actuaciones éstas también bajo la responsabilidad del delegado de movilidad.
Así que, tras la letanía pública del ínclito Fernández, se esconde como viene siendo habitual un panorama de total incompetencia. Porque son las mesas de contratación, de bastantes de las cuales él mismo forma parte o las personas en las que delega, las encargadas de valorar dichos criterios antes de adjudicar y si adjudican y luego no cumplen es, sencillamente, que no se han hecho bien los deberes.
En vez de tantas excusas infundadas y verdades a medias, más propias de plañideras que de gestores de la cosa pública, sería mejor y más humilde efectuar un poco de autocrítica y depurar las responsabilidades, que seguramente son muchas y bien gordas.
Pero para Fernández, que es como el caballo de Atila pero aplicado a la gestión pública, tal palabra despareció del diccionario hace ya décadas y la responsabilidad política ni la conoce, ni ninguna gana que tiene de hacerlo. Eso sí, su futuro político ha pasado a tener prioridad de problema nacional, por que si no, ¿a qué se podría dedicar este admirable animador socio-cultural?
El caso es que el escándalo de los sobre costes en las obras planificadas por el Ayuntamiento de Sevilla roza ya los 110 millones de euros pagados a escote por todos y cada uno de los sevillanos, y lo que te rondaré morena. Y la palabra dimisión continúa brillando por su ausencia en las filas de la corporación municipal.
A lo más que llegamos es a la representación pública de una plegaria por la incompetencia que no es ni siquiera capaz de contentar ni callar a nadie. Eso sí, los sueldos y privilegios de virreyes que no los toque nadie. Faltaría más.
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