A favor de los derechos humanos en China

A Yang Chunlin lo detuvieron seis policías en su domicilio en julio de 2007. Su delito fue hacer campaña a favor de cuarenta mil agricultores chinos a los que habían confiscado sus tierras para proyectos de desarrollo sin derecho a compensación alguna.
Un mes más tarde de la detención, Chunlin fue declarado culpable de "incitar a la subversión del poder del Estado" y condenado a cinco años de prisión. Desde entonces ha estado recluido en régimen de incomunicación sin poder ver ni a su familia ni a sus abogados, y ha sido torturado. En diferentes ocasiones ha sido encadenado de pies y manos a las cuatro esquinas de una cama de hierro y le han obligado a comer, beber y hacer sus necesidades en esa posición.
El caso de Chunlin no es más que un botón de la amplia muestra de violaciones de los derechos humanos en China.
Tienen lugar al año miles de ejecuciones, aunque la cifra concreta es imposible de saber porque la información sobre la pena de muerte se considera un secreto de Estado.
Hay una falta absoluta de libertad de expresión y el gobierno impone un control generalizado sobre todos los medios de comunicación y, en particular, en lo que se refiere a Internet.
La identidad étnica del pueblo Uigur de China occidental es menoscabada con políticas gubernamentales que, por ejemplo, limitan el uso de la lengua uigur, restringen su libertad religiosa y discriminan laboralmente a los miembros de dicha etnia.
Los activistas de derechos humanos que tratan de informar sobre violaciones de derechos humanos, cuestionar políticas que las autoridades consideran políticamente delicadas o convocar a otros en torno a su causa se arriesgan a sufrir graves abusos.
El próximo 30 de junio tendrá lugar una cumbre Unión Europea-China. Con tal motivo Amnistía Internacional está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas para exigir a la Presidencia española de la UE que obligue al Gobierno chino a un compromiso serio de respeto a los derechos humanos.