El desmoronamiento del derecho de huelga

Cada día se generaliza más la tendencia a criminalizar las huelgas, sobre todo desde el púlpito de los medios de comunicación, por más justas que puedan llegar a ser.
Es una práctica ya bastante extendida aplicar por sistema aquello de que "los trabajadores tienen razón en sus reivindicaciones, pero la pierden cuando se ponen en huelga". En especial en esas ocasiones en que la intransigencia y el inmovilismo empresarial provocan una radicalización de la protesta. El eslogan se ha instalado ya definitivamente incluso en las filas de la izquierda.
Entonces comienza la calculada maniobra de adjetivar la huelga, de buscarle los epítetos adecuados, y se barajan términos como "salvaje" para calificarla en tipografía realzada o "rehenes" para referirse a quienes sufren las consecuencias directas de la misma, sabedores que la frágil opinión pública es bastante permeable a este tipo de sistematizaciones por reducción y se traga todo lo que le echen.
Y no me extraña nada, ni me sorprende, esa cansina obsesión por capar un derecho fundamental, quizás el único de cierta efectividad para la defensa de los trabajadores. De hecho, están desmontando como si de las piezas de un mecano se tratase el Estado del Bienestar sin oposición alguna y no iban a ser condescendientes con el arma más poderosa en manos de la clase trabajadora. Cuando se trata de defender el sistema, todos los mecanismos han de estar convenientemente engrasados.
Sin embargo, quien piense que los empresarios de este país han cedido a las conquistas logradas durante años de buena voluntad es que no conoce la historia del movimiento obrero español.
La realidad del mundo laboral es bien diferente y lo saben de sobra. Las empresas son, en la mayoría de los casos, como esos delincuentes reincidentes, que cuando han de ajustar cuentas con la justicia tienen ya acumuladas varias causas pendientes.
Un incumplimiento unilateral de convenio por parte del empresario, cosa más habitual de lo que se piensa, apenas le supone la molestia de activar la maquinaria jurídica a su disposición, a sabiendas que el litigio apenas acarreará consecuencias de importancia y de que el tiempo juega en contra del trabajador. En Sevilla, sin ir más lejos, las reclamaciones en los juzgados de lo social que no sean por motivos de despido se están fijando a más de un año y medio vista. Mientras tanto, el trabajador ha de convivir con la imposición como mejor pueda.
Cuando el incumplimiento es en el sentido inverso, la aplicación de la sanción determinada por el empresario es inmediata y de nuevo todo el entramado burocrático se le vuelve en contra. Es como la pescadilla que se muerde la cola.
Y lo peor de todo es la reacción generalizada de la gente, la inmensa mayoría trabajadores por cuenta ajena, que termina por cargar contra los huelguistas exculpando a empresarios que hacen del saltarse la norma su manual de cabecera. De seguir con esta sistemática, terminaremos por pedir derechos en nuestras cartas a los Reyes Magos, porque se erradicará para siempre esa vieja táctica de conquistarlos por nosotros mismos mediante la lucha, como se ha venido haciendo desde que el mundo es mundo.