La privatización de Tussam un chollo para la patronal

“Ha llegado el momento de tomar una actitud responsable en el conflicto generado en esta empresa municipal (Tussam) y tender a una privatización de las líneas de autobuses urbanos, como ya se hace con algunas líneas”.

Son palabras pronunciadas ayer por Antonio Galadí, Presidente de la Confederación de Empresarios Sevillanos (CES) durante su intervención en la Asamblea Anual de la patronal.

Es un lince este Galadí, porque se ha dado cuenta desde primera hora que Tussam no es la banca, que a pesar de que lleva siglos privatizada esto no es obstáculo para que, cuando truena, tenga que ir el dinero público a tapar los agujeros que dejan sus prácticas financieras depredadoras. Eso sí, sin que sus paupérrimos directivos dejen de percibir en ningún momento esos pluses de miseria que suelen cobrar por ejercitar sus filigranas de equilibristas suicidas de la especulación.

Lo que no dice Galadí, porque no le interesa, es que la privatización de un servicio público siempre es un negocio redondo para los empresarios sin escrúpulos y con poco o ningún carácter emprendedor. Es decir, para los especuladores.

Por poner un ejemplo, Tussam viene a pagar por cada kilómetro recorrido por una línea externalizada unos 2,7 euros. Teniendo en cuenta que durante 2008 la flota recorrió 15,6 millones de kilómetros no resulta complicado hacerse una idea del volumen de negocio que se trata. Con una concesión que media entre los seis y diez años el chollo está garantizado.

En estos casos, el empresario no arriesga nada. No importan el número de viajeros transportados, ni la velocidad comercial, ni el coste del viaje. Lo único importante es recorrer kilómetros y kilómetros pagados por el erario público. Sin reglas de libre mercado y de competencia, ese oasis liberal que cuando se trata de chupar de las arcas de todos se deja aparcado como si nada. Y con unas condiciones laborales de sus trabajadores bastante inferiores, faltaría más, y porque no les dejan implantar directamente la esclavitud, que si no íbamos a ver.

Si se cambiaran las condiciones de la concesión, por ejemplo eliminando la subvención y dejando que fueran las leyes del mercado las que marcasen las reglas de la explotación, no acudiría ninguno al concurso y se tendría que declarar desierto. Porque ellos saben mejor que nadie que “servicio público” significa obligatoriedad de prestación aún cuando no fuese económicamente rentable. Y eso a ellos nunca le interesa, sencillamente porque el interés general rara vez, por no decir ninguna, coincide con los intereses de los empresarios.

Puestos ya a aplicar su razonamiento de estadista de cuarto de baño, si hay que purgar a las arcas públicas de las losas deficitarias que las asfixian, ¿Por qué no plantea abiertamente la privatización de la Justicia o de la Sanidad, sin ir más lejos? O mejor aún, eliminemos directamente el Estado y convirtamos a España en una gran empresa y pongamos al frente de sus designios a empresarios tan ejemplares y eficaces como su jefe Díaz Ferrán. Hasta entonces no nos íbamos a quedar sin país.

Como explica a la perfección El Correo de Andalucía en su editorial de hoy, “sus cuentas (las de Tussam) son ruinosas, pero no por su condición de servicio público, sino porque no ha sido gestionada del modo más conveniente”.

Y para finalizar, señor Galadí, permítame que le apunte que afirmar que Tussam se ha convertido en un “cementerio de enterrar cadáveres y euros”, con lo que ha acaecido en esa empresa en los últimos años y que está en la mente de todos es, cuando menos, de muy mal gusto y una falta de respeto a la vida y a la dignidad de todas las personas que trabajan en ella.