El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la Ley General Audiovisual, algo que los prebostes de las televisiones llevaban esperando más de veinte años. ¿Preocupados por la pluralidad informativa y por el derecho a una información libre y fidedigna de los ciudadanos? ¡Qué va!, preocupados como siempre por la inviolabilidad del contenido sin fondo de sus bolsillos, faltaría más.
La ley establece la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), un organismo “independiente” del gobierno que supervisará el sector y velará por el cumplimiento de las normas sobre contenidos televisivos como la publicidad, los límites de adquisición de derechos deportivos, las inversiones obligatorias en cine, etc.
En palabras de los legisladores “velará por el pluralismo y la transparencia en el sector, especialmente en los aspectos relacionados con la protección al menor” y “supervisará también la independencia e imparcialidad de RTVE”. Y para ello nada mejor que sus nueve miembros sean elegidos por el Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos y por un período no renovable de seis años. ¡Ja!.
Esta falacia de ilusión democrática, que diría Ramón Reig, se queda en la superficie de lo de siempre, enclavada en esa espiral del disimulo que intenta conjugar de forma desafortunada el pluralismo con el control de la totalidad de los medios por quienes están más preocupados por los resultados económicos que por la libertad de expresión y el derecho a la información.
Una vez más la regulación se frena en los contenidos, esa balsa de aceite que nos impide ver el fondo de mar gruesa que late debajo, no vaya a ser que rocemos sin darnos cuenta a la tendencia imparable a la concentración que tanto favorece a algunos. La pluralidad informativa y el derecho a una información fidedigna y de calidad se las trae al pairo a todos estos que miden la utilidad de los medios en función de su capacidad para amasar ingentes cantidades de dinero.
Y, como en otras tantas cosas en las que los enemigos a muerte comparten mesa y mantel, aquí no hay colores que valgan y lo mismo da que estén unos u otros en funciones de gobierno. La cabra siempre tira para el monte.
Tanto socialistas como populares, en sus diferentes etapas de gobierno, han legislado en el mismo sentido, desde la Ley de Televisión Privada de los socialistas en el ochenta y ocho, pasando por los sucesivos impulsos a la concentración del Partido Popular en el 98 y en 2002, hasta el decreto de fusión de las cadenas del año pasado aprobado por el gobierno de Zapatero.
La guinda del pastel es esta ley, que legitima y reordena todo lo anterior para que los prebostes sigan haciendo lo de siempre, eso sí, sin que nadie les moleste lo más mínimo.
A este paso en un día no muy lejano serán las cabeceras y las cadenas las que gobiernen sin la intermediación de políticos y gobiernos de paja.
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