Represión a la libertad de expresión en Transportes Urbanos de Sevilla

Que Carlos Arizaga de Pablo-Blanco, actual gerente de Tussam, no respeta la libertad de expresión es público y lo he denunciado en varias ocasiones en este blog. Pero lo más triste de este asunto es que utilice un cargo público y todos los recursos que dicho cargo pone a su disposición para tal fin, es decir, sufragado con el dinero de todos los sevillanos. Se da la paradoja de que el dinero público es empleado en intentar restringir las libertades ciudadanas e imponer un pensamiento único al precio que sea.

Esta mañana me envía a través del Departamento de Recursos Humanos el escrito que preside esta entrada y me insta a que informe sobre el hecho de que este documento esté publicado en este artículo del blog.

Como no pienso informar de nada, porque me acoge el derecho, y como sé que al pelota de turno que vigila todas y cada una de las entradas de este blog le faltará tiempo mañana para imprimírsela y ponérsela sobre la mesa de su despacho en cuanto llegue, le voy a contestar desde esta tribuna.

En primer lugar, de los actos que realizo fuera de mi jornada laboral sólo doy cuenta ante los tribunales establecidos al efecto, especialmente tratándose de temas referentes a la libertad de expresión y de información.

La Constitución de este país, le pese a quien le pese, reconoce y protege en su artículo 20 el derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” y más adelante el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

El escrito en cuestión es veraz en sí mismo, ya que tiene el sello de entrada del registro oficial de la empresa, con las anotaciones reglamentarias, y las firmas que aparecen en él no hacen sino confirmar su autenticidad, porque todas corresponden a los directivos implicados en este caso.

Tampoco voy a revelar mi fuente de información, porque la Constitución española también protege en el mismo artículo 20 “el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. Aunque a más de uno le pese, soy periodista y conozco las reglas de esta profesión.

Lo de que se trata de “una comunicación entre terceros ajenos a Vd.” es cuanto menos un eufemismo de mal gusto, puesto que en el documento en cuestión no sólo aparece mi nombre y apellidos, sino que se me imputan conductas que son constitutivas de faltas laborales graves que pueden incluso suponer el despido y, además, se hace con probado menosprecio a la verdad, ya que todos los que figuran como firmantes en el escrito sabían de antemano que las acusaciones no se corresponden con la realidad. Si hay alguien aquí que no busca la verdad son ellos. Hasta ese punto es de “ajeno” a mi persona el documento.

Y para finalizar, si lo que pretenden es callarme o que me autocensure, la respuesta más firme y vigorosa que les puedo ofrecer es este blog. No pienso renunciar en ningún caso a mi derecho a libertad de expresión y de información y de todo lo acontecido tendrán que rendir cuenta ante los tribunales oportunos.

Es una lástima que todo esto este sucediendo en una empresa pública sufragada con los impuestos de los ciudadanos en una ciudad europea del siglo XXI cuyo alcalde, para más inri, es también blogguer.

¿Sabrá el alcalde de Sevilla lo que hace uno de sus subordinados con los derechos fundamentales amparados por la Constitución que nos ha permitido treinta años de ayuntamientos democráticos?