Aminetu Haidar o la mercadería de los derechos humanos

Fotografía: Público

“El patriotismo de “todos a una” es el peor enemigo de la razón y del sentido común” escribía Juan Goitisolo en un artículo en El País a propósito del caso de Aminetu Haidar, la activista saharaui en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote desde hace ya veintinueve días, exigiendo el derecho a regresar a su tierra junto a su familia.
El patriotismo ciego no entiende de derechos humanos y aquí no se trata de determinar cuál es el lugar más idóneo para Aminetu, cuál le corresponde, como parece simplificarse a través de los titulares de los medios y las declaraciones de los políticos. Aquí de lo que se trata en realidad es de las relaciones que este país mantiene con un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos de un pueblo entero en defensa de determinados intereses económicos que por lo visto son más importantes que la dignidad de las personas. Cuando el dinero manda, los derechos humanos pasan a ser considerados una mercadería de segunda fila.
Mohammed VI lo dejó bien claro en su discurso conmemorando el 34º aniversario de la Marcha Verde: “Así pues, el ciudadano debe decidir el ser o no ser marroquí. Atrás ha quedado la era de la ambigüedad de posiciones y de la elusión de obligaciones, y ha sonado la hora de la transparencia y de la lealtad, en la que la persona ha de elegir abiertamente entre ser patriota o traidor; pues no existe una posición intermedia entre el patriotismo y la traición, como tampoco se puede seguir disfrutando de los derechos de la ciudadanía, a la vez que se reniega de ella, conspirando con los enemigos de la patria.”
Desde entonces, todo activista que defienda de forma pacífica el derecho a la autodeterminación del Sahara Occidental sufre persecución y represión política, porque Marruecos ha determinado que expresar libre y pacíficamente una posición política al respecto ha pasado a ser atentatorio contra la integridad territorial nacional.
Ya desde octubre pasado la ofensiva es descarada ante el silencio escandaloso de los países occidentales, especialmente la UE y España, que otorgan a Marruecos una consideración preferente totalmente miope ante las continuas prácticas antidemocráticas del régimen marroquí. La detención y encarcelamiento de activistas saharauis y la negativa a que sean visitados en sus domicilios por miembros de organizaciones internacionales de derechos humanos y a que observadores internacionales fiscalicen los procesos judiciales incoados contra ellos ha pasado a ser la norma a aplicar.
El colmo de la desvergüenza es tener que soportar en nuestras narices la hipocresía de los lacayos de Mohammed VI afirmando que son ambos Estados las verdaderas víctimas del caso. Es como decir que el asesinado tiene siempre la culpa de interponerse en el camino del puñal. Y por si no fuera bastante, se permiten incluso lanzar sibilinas amenazas.
La Unión Europea, adalid de la libertad y de la defensa de los derechos humanos, mira para otro lado y pasa de puntillas ante las acciones de un Estado feudal que no respeta la vida y la libertad de las personas y que además tiene el descaro de regocijarse públicamente de ello.
No lo considerará un obstáculo de peso, ya que al mismo tiempo negocia un Estatuto Avanzado para Marruecos que permita la libre circulación de capitales, servicios y personas físicas con fines profesionales. Son las reglas de la economía global, el dinero ha de tener garantizada la libertad por encima de las personas.
Mientras tanto, se hacen declaraciones ostentosas y se llevan las manos a la cabeza, llegando incluso a aplicar sanciones económicas a otros países cuyos comportamientos en materia de derechos humanos no distan mucho de la aberración marroquí.
Si ésta es la forma que tenemos de inculcarles a los países menos desarrollados las bondades de la democracia, no me extraña que tengamos tan poco éxito en el afán por implantarla a nivel mundial.