Por la democracia y la ciudadanía

El mayor peligro de la corrupción es su aceptación popular como algo normal. Eso el Partido Popular lo sabe y por ello intenta conseguir la exculpación del delito por vía de un plebiscito, llámese elecciones anticipadas o como sea. Incluso las encuestas les valen para mirar hacia otro lado.

Si el Partido Popular no paga factura alguna por el entramado de corrupción en el que está empantanado sería una señal inequívoca de que la sociedad está empezando a pudrirse de manera irremediable. Es toda una condena a muerte a la sociedad civil.

Y de esa letal herencia tendrían bastante culpa también los medios que, por los intereses que sean, han mostrado una inexplicable tibieza a la hora de condenar y airear los hechos de corrupción política que salpican a los populares, cuando no los han justificado de manera sibilina, como en el caso de Canal 9. Si los medios no tienen claro lo que es mortal para la democracia vamos apañados.

Un país democrático sano no puede permitirse que el electorado sea impermeable a la corrupción, ni unos medios con vergüenza torera pueden ni deben tolerarlo y mucho menos fomentarlo.

El malestar social y la incertidumbre que genera la corrupción política son el caldo de cultivo para las opciones políticas populistas basadas en liderazgos personales al estilo Berlusconni y que una vez llegadas al poder ponen en peligro al sistema mismo. El desánimo y el desencanto de la gente, el volverle la cara a la política no puede traer nada bueno para la democracia y es el humus ideal para el crecimiento de sus mayores opositores.

Pero tampoco el PSOE, desde el gobierno, podría eludir su responsabilidad en este proceso de descomposición. Desde que ganó las últimas elecciones parece como si hubiera perdido la valentía y el arrojo que le llevó a la victoria en 2004. Es como si de repente hubiera dejado de confiar en los militantes y simpatizantes que le auparon al gobierno.

Las políticas aplicadas en laicidad del Estado, ecologismo, o incluso el propio tratamiento de la guerra de Afganistán han sido tibias e improvisadas, cuando no cobardes, y en todo caso han defraudado de manera notable a buen número de ciudadanos que apoyaron el proyecto inicial.

No se ha avanzado nada en separar a la Iglesia de los engranajes del Estado, es más, ha salido favorecida con el trato otorgado por este Gobierno, mientras los ciudadanos de a pie tenemos que soportar las sacudidas de los ultracatólicos en nuestras vidas cotidianas. Tampoco se ha avanzado en el prometido parón nuclear que movilizó y llenó de esperanzas a tantos ciudadanos que quieren un país menos peligroso y contaminante. Y la no visualización de la guerra de Afganistán como tal, por mucho que Obama sea ahora el presidente de Estados Unidos y esté autorizada la misión por la ONU, es un error de bulto que ha conseguido alejar de la órbita socialista a todos aquellos que se opusieron la guerra de Iraq.

Qué decir de quienes esperaban con ahínco esa Ley de Memoria Histórica que cerrara para siempre las heridas que la Transición sólo había conseguido aparcar o cerrar en falso. O la aberración jurídica de que haya un ciudadano por encima de la ley, reconocido expresamente en la Constitución, como es el Jefe del Estado y no se haga nada para arreglarlo. Y mejor no hablar del apoyo financiero sin límites a quienes causaron la crisis y la subida izquierdosa de impuestos que no se cree nadie.

En definitiva, muchas de las expectativas ciudadanas han quedado en la cuneta una vez se han afianzado en el poder a causa de una corrección política incomprensible. Una pérdida de peso de la ciudadanía que puede tener consecuencias imprevisibles y que contribuye a la descomposición de una sociedad que no encuentra otra salida que abrigarse en el pasotismo de la política.

Si los partidos políticos de este país no dejan de utilizar al electorado como si fuese una manada de idiotas a los que hay soportar cada cuatro años, la enfermedad de esta democracia se hará crónica y, aunque ahora no se den cuenta enfrascados como están en sus luchas intestinas particulares, eso mismo podría acarrear su propia muerte como tales.

Porque una democracia que no se asienta en la ciudadanía activa, en la verdadera voz de los ciudadanos, está condenada a muerte de antemano. Y es el Gobierno y el partido que lo sustenta el que tiene la primera responsabilidad de que eso no ocurra.