En Sierra Leona, las embarazadas han de costearse el transporte y la inscripción en el hospital, la atención al parto, los medicamentos, los análisis, el material médico como los guantes, el suero, la sangre para transfusiones y hasta las cesáreas. En un país donde el 70% de la población sobrevive con menos de 1 dólar estadounidense al día, las mujeres se ven obligadas a pagar entre 60 y 350 dólares si necesitan una cesárea. Es como una sentencia de muerte anunciada.
Una de cada ocho mujeres de Sierra Leona puede morir durante el embarazo o el parto. Es una de las tasas de mortalidad materna más alta del mundo. El 20% de las mujeres no reciben ningún tipo de atención de la salud prenatal y cientos de miles de ellas no tienen acceso a los tratamientos que pueden salvar su vida.
Sierra Leona se compone de 13 distritos, de los que seis no disponen de atención obstétrica de urgencia y tan sólo catorce de los treinta y ocho hospitales del país prestan atención obstétrica de urgencia integral.
Los costos y la discriminación en el acceso a los servicios de salud se han convertido en barreras insalvables para las mujeres y las niñas de Sierra Leona, sobre todo para las más pobres. Allí, casi ninguna mujer tiene derecho a decidir cuando y cuántos hijos quiere tener. La situación se agrava considerablemente a causa de la falta de información sobre la sexualidad y la reproducción.
El gobierno ha prometido proporcionar atención gratuita de la salud a todas la mujeres embarazadas, sin embargo las promesas no han llegado a cumplirse nunca y las mujeres se ven obligadas a afrontar un sin fin de costes inasequibles para la mayoría de ellas y que pone en riesgo sus vidas.
La mayoría de ellas no buscan la atención sanitaria por miedo a no poder pagarla y por no saber en realidad cuánto les va a costar, ya que no existe normalización ni transparencia en las tarifas, que varían de un centro de salud a otro.
Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para enviar un mensaje al Presidente de Sierra Leona para que haga un esfuerzo y “destine más fondos presupuestarios a la sanidad, aborde el problema de la mala gestión de los recursos, garantice una mejor dotación hospitalaria y salarios adecuados para el personal médico, y proporcione a las mujeres y niñas información sobre su salud y sus derechos reproductivos”.
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