El Partido Popular se viene quejando de trato discriminatorio por parte del gobierno y de las instituciones y poderes democráticos para con sus militantes. Y lo hace con una frivolidad que asusta, por cuanto debilita considerablemente al Estado de Derecho que aparece ante los ciudadanos como algo necesario pero prescindible.
La irresponsabilidad del PP en este asunto sería más que suficiente para alarmar a cualquier demócrata que se precie, por lo que de falta de respeto y escrúpulos políticos conlleva.
La estrategia del todo vale con tal de que no se hable de lo que no interesa es tan peligrosa como cualquier actitud golpista o más. La degradación de las instituciones ante los ojos de los ciudadanos sólo puede beneficiar a quienes están en contra del sistema democrático por principios totalitarios. Pero al PP parece que esto se la suda bastante.
Además de enfangar el mentidero político con graves acusaciones sin aportar ninguna prueba, esa peligrosa actitud entre sus líderes de a ver quién dice la burrada más gorda, para inundar las portadas de los medios de titulares escandalosos que solapen otras noticias menos favorables, amén de una falta de responsabilidad y decoro político absoluto, muestra el soberano desprecio de este partido para con las instituciones con que nos hemos dotado entre todos para canalizar la convivencia ciudadana. Y no me valen las rectificaciones a posteriori, que sólo demuestran el cachondeo con que ciertos políticos se toman cosas tan serias como la comisión de delitos.
Las acusaciones del Partido Popular en el tema de las escuchas ilegales por parte del gobierno no son sino “imputar un delito a otra persona o institución con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio a la verdad”. O lo que es lo mismo, un tipo delictivo denominado calumnia.
Si el Partido Popular no presenta pruebas contundentes al respecto estaría cometiendo un delito de calumnias por boca de todos y cada uno de los que se han pronunciado al respecto, con el agravante de publicidad al ser vertidas tales acusaciones a través de los medios de comunicación.
No hace falta ser un lince en derecho para saber que cuando tales imputaciones se efectúan contra una persona sólo a instancia de parte de la misma se pueden iniciar las acciones judiciales pertinentes. Pero cuando se trata de imputaciones a cargos públicos o instituciones del estado, el Ministerio Fiscal puede y debe actuar de oficio. Ése es su trabajo.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal no va a actuar en este caso, obviando a los grupos de ciudadanos que se lo exigen de una manera contundente, dejándolo todo como si se tratase de un asalto más de la legítima lid entre partidos políticos en un sistema democrático.
Nada más lejos de
¿Dónde está pues la discriminación de la que se queja el PP? Los discriminados, como en muchas otras cosas, somos los ciudadanos normales que contemplamos a diario cómo las leyes y la justicia tienen dos lecturas y dos velocidades distintas dependiendo de quién sea el afectado.
Si los del Partido Popular se quejan del trato otorgado por las fuerzas de seguridad a sus militantes imputados por la presunta comisión de delitos es que no han visto nunca cómo se produce una detención normal un día cualquiera en cualquier barrio de cualquier ciudad de este país. Aunque al final el detenido sea declarado inocente. Se ve que ellos no han pisado en su vida un punto cero.
Y lo peor de todo, con actitudes tan infantiles como estas la democracia se convierte en un juguete roto en las torpes manos de un niño. Y eso sin valorar a la prensa, otorgando voz a estos asuntos sin aportación de pruebas, con métodos nada periodísticos ni profesionales como los vídeos pret a porter y sin afrontar las preguntas de los periodistas, que daría para otro post completo.
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