Tussam: donde dije digo ahora digo Diego

Cuando Tussam planteó la nueva subida de tarifas para 2009, uno de los primeros en lanzarse al ruedo para defender a capa y espada la retirada de bonobús gratuito de la tercera edad a los mayores de 65 años que cobraran pensiones superiores a los mil quinientos euros anuales fue Antonio Rodrigo Torrijos.

La medida, impulsada directamente por ese lince de las finanzas llamado Carlos Arizaga de Pablo-Blanco, sólo había sido sometida a un estudio previo; la necesidad imperiosa de un incremento recaudatorio para una empresa que ha hecho de sus finanzas un malabarismo acrobático permanente.

No hubo ni estudio del impacto que la medida podría tener en un colectivo tan particular y con unas realidades sociales tan diferentes unas de otras. Nada de de plantearse si algo que han venido disfrutando desde hace ya tantos años se podría haber convertido en un derecho adquirido. Para Tussam, mientras nuestros mayores les sirvieron para paliar la caída en picado de viajeros en sus anuarios tenían una utilidad, ahora que lo toca es cuadrar los números por encima de cualquier otra función social tocaba extraer algo de sangre de sus milagrosamente equilibradas economías.

Cuando las cosas se hacen de esta manera, sin intentar prever las consecuencias de las medidas que se pretenden tomar, suele ocurrir lo de siempre, que donde dije digo ahora digo Diego. Y lo peor de todo no es que se rectifique porque se reconozcan errores y la responsabilidad obligue a enmendarlos. Lo peor es que se hace por puro interés electoralista, porque no existe nada en este mundo capaz de tambalear mejor a una ideología que la escasez o el descenso en la cuenta corriente de los votos.

Ahora Torrijos presenta algunas excepciones a la norma para que sean aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento y las barniza con una justificación basada en una supuesta falta de flexibilidad que provoca que “ante la aplicación ciega del criterio, pueda estar incurriendo en situaciones de agravio social”. Nada que no se supiera ya cuando se tomó la decisión de aplicarla, pero si de rectificar se trata bienvenida sea aunque tarde.

Aunque yo me inclino más por creer que han sido los resultado electorales de IU en Sevilla quienes se han convertido en máximos impulsores de la medida, para disgusto del que se niega a que los autobuses lleven la publicidad del bus ateo. Ese que defiende el afán recaudatorio de Tussam por encima de su función como servicio público, pero que luego, cuando el dinero llega por una vía desacorde con sus creencias más íntimas no tiene reparo alguno en que la empresa pierda un dinero que le es tan necesario. A fin de cuentas, con el único que hay que rendir cuentas es con el altísimo.

Lo malo que tienen todas estas medidas y contramedidas rectificadoras después es que, ente una y otra, la empresa pone en marcha los mecanismos para aplicarlas y eso sí que cuesta una pasta que, al final de todo, se despeña por el desagüe de la ineficacia.

Ahora, lo más que coherente sería culminar la medida con el cese fulminante de quien, más que solucionarlos, lo único que hace es crear problemas donde jamás los ha habido. Porque la represión y el recorte permanente de derechos no son la mejor manera de gestionar una empresa pública.