Una bacteria llamada Iglesia Católica

El que se imparta esa aberración de asignatura llamada religión en las escuelas de este país cuesta al año al Estado algo más de 550 millones de euros que pagamos todos, seamos creyentes, de la religión que sea, o ateos empedernidos. A esto hay que sumarle los casi 3.800 millones de euros que la Iglesia recibe para financiar los centros educativos con ideario católico a través de los diferentes conciertos educativos con las Comunidades Autónomas.

Además, en la partida debe ir incluida una prerrogativa especial para erigirse en juzgador de lo que no costean, porque, si no, no se entendería que la Iglesia, además de designarlos por su cuenta, imponga a los profesores de religión cómo han de vivir, pensar e incluso amar, sin que al parecer nadie pueda recriminarle nada. Incluso se permiten el lujo de limitarles, cuando no prohibirles directamente, el ejercicio de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española, como el derecho de huelga o la libertad de expresión. Todo un dechado de espíritu democrático el de esta Iglesia pretoriana.

No conformes con tal demostración de cara dura y de pasarse por el forro de los caprichos las esencias más trascendentales de la misma religión que dicen predicar y practicar, ahora pretendían que, después de ser ellos los ejecutores de la tiranía, el Estado también pagase los platos rotos.

O sea que, cuando un profesor de religión se pone en huelga en defensa de sus derechos o efectúa unas declaraciones a la prensa que no sientan bien a alguna divinidad purpúrea, se le despide sin más contemplaciones, saltándose a la torera el estatus jurídico y las normas básicas de convivencia que regulan un estado democrático, al más puro estilo fascista, y cuando vienen dadas, es decir, cuando el lesionado defiende sus derechos ante los tribunales y la justicia le da la razón y establece la indemnización correspondiente, pues que pague el Estado, que para eso está. Hay que tenerla cuadrada.

Ahora, el Tribunal Supremo viene a poner un poco las cosas en su sitio y ha obligado a la Conferencia Episcopal a pagar las indemnizaciones que debe a los profesores de religión que han ganado en los tribunales litigios por motivos de despidos improcedentes.

El montante de las indemnizaciones a las que la Conferencia Episcopal tendrá que hacer frente asciende a 300.000 euros, más el pago de salarios atrasados. Es decir, un pico que sus eminencias pretendían que costeásemos entre todos para que ellos puedan seguir haciendo y deshaciendo a su antojo, mientras se dan la vidorra padre.

Lo de los acuerdos Iglesia-Estado en este país es una vergüenza, no sólo para el Estado español, sino para el conjunto de la Unión Europea al completo, que es muy capaz de imponer la economía de mercado a sus miembros como condición sine quae non y hace la vista gorda cuando uno de sus integrantes permite una aberración democrática como unos acuerdos negados por la propia Constitución que lo rige.

Y lo que es peor, no se vislumbra en el horizonte ningún gobierno, sea del color que sea, que ponga fin definitivamente a este desatino. Con instituciones como ésta, o como la propia Casa Real, habitando en la sangre de un Estado democrático como una bacteria, la democracia no es tan democracia y la libertad no deja de tener un cierto sabor amargo. Claro que, mientras continuemos pagando religiosamente, no hay nada nuevo bajo el sol del creador.