El pasado viernes se produjo un tiroteo en un comercio cerca de casa, un comercio al que suelo acudir con la parienta con asiduidad.
Los hechos son un poco confusos, pero después de todo lo publicado y de las versiones que he escuchado a algunos vecinos que estuvieron presentes durante el atraco sucedió más o menos así.
Un atracador armado con una pistola intentó robar el establecimiento, mientras su socio lo esperaba fuera acaballado en una motocicleta presta para la huida, con la fatal coincidencia de que quien se encontraba en ese momento en la caja pagando su compra era un comisario de policía con su esposa.
El asaltante, al identificarse el policía, encañonó a su esposa en la cabeza y el agente se agarró al arma intentando arrebatársela. Durante el forcejeo el atracador disparó a quemarropa y alcanzó al comisario en el estómago, quien desde el suelo y ya herido sacó un revólver que llevaba en la pierna y mató al delincuente de un tiro en el pecho. El cómplice huyó al ver a su compañero yaciendo en el suelo y a día de hoy nada más se sabe de él.
Hasta aquí la historia no hubiese asomado más que a las páginas de sucesos de los diarios locales. Sin embargo, cuando arrancan las investigaciones posteriores al suceso, la policía descubre que el finado había sido detenido en junio pasado por robar motos y bicis y durante el registro de su casa se descubrió un arma corta, un rifle, seis escopetas, armas de aire comprimido, machetes, más de mil proyectiles y cargadores de pistolas semiautomáticas, a pesar de lo cual fue puesto en libertad por el juez. Las diligencias posteriores también apuntan a que el cómplice puede ser otro delincuente reincidente.
Con tales aderezos, y después de lo sucedido con el juez Tirado y su actuación con el presunto asesino de la niña Mari Luz, la polémica está servida. Y los primeros en pedir aclaraciones han sido los propios miembros de la policía, que no entienden las razones que llevan a un juez a no encarcelar a tipos potencialmente peligrosos y con un arsenal en casa. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por boca de su secretario provincial Manuel Espino, ha acusado a los jueces de que “dichas actuaciones favorecen la impunidad de estos delincuentes”.
La verdad es que no le falta razón, sobre todo porque existen actuaciones judiciales que por más que las analicemos y repensemos nunca llegaremos a entenderlas del todo. Y para muestra, esta de la que me entero en la misma noticia de El Correo de Andalucía, un chabolista del Vacie (uno de los barrios más marginales de Sevilla) se dedicaba a comprar por correo pistolas inutilizadas y las reparaba para venderlas en el mercado negro. La policía descubrió el taller de fabricación y lo llevó ante el juez. El delincuente fue inexplicablemente puesto en libertad.
El comisario de policía que mató al atracador se encuentra en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, aunque evoluciona favorablemente.
Sin embargo, los jueces y sus actuaciones vuelven a estar en la picota, porque tal vez no estaríamos hablando de un muerto y un herido de gravedad, amén de una situación de peligro y un susto descomunal para la concurrencia, si la actuación de la justicia en su momento hubiese sido diferente.
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