Los secretarios judiciales de Sevilla (y del resto de España) secundaron el otro día un paro convocado como protesta a la sanción de dos años de empleo y sueldo impuesta a Juana Gálvez, secretaria del juzgado de lo penal nº 1 de Sevilla, por la no ejecución de sentencia contra Santiago del Valle, presunto asesino de
Por otro lado, los jueces de Sevilla también se manifestaron mediante la celebración de una Junta donde analizaron las "injerencias" políticas a raíz de la sanción de 1.500 euros impuesta al titular del Juzgado de lo Penal nº 1, Rafael Tirado, por el mismo motivo.
Hasta aquí nada fuera de lo normal, dos protestas democráticas y legítimas de dos colectivos ciudadanos ante unos problemas concretos que les afectan.
Sin embargo, como trabajador que soy y que se ha visto implicado muchísimas veces en huelgas de un sector estratégico (transporte público urbano), me llama la atención el tratamiento frívolo del tema de los servicios mínimos.
En infinidad de ocasiones, en mi empresa, los servicios mínimos fijados por la autoridad correspondiente se han visto modificados por varias sentencias judiciales que los han venido fijando en torno al 50% de la plantilla, por considerar la prestación del servicio de transporte urbano como de primera necesidad para los ciudadanos. Y una y otra vez hemos tenido que aguantar que nuestra protesta en aras a lograr unas condiciones de trabajo y salariales dignas se haya visto mermada y recortada por el peso de una sentencia judicial inapelable. Esto ha ocurrido incluso con el Servicio Especial de Feria, a pesar de que se trata de una operación de transporte público para concurrir a un acto lúdico que nada tiene que ver con el desempeño cotidiano de los ciudadanos.
Pero en el caso de los secretarios judiciales y los jueces el corporativismo ejerce su poder silencioso y actúa contradiciéndose e ignorando la opinión pública, que generalmente se las trae al pairo.
Los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Justicia se los pasó por el forro el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y anuló los que había fijado el Ministerio (entre el 30 y 50%), relegándolos sólo a los servicios de guardia. Yo todavía no he visto en mi vida que en las sucesivas huelgas realizadas en la sanidad, por ejemplo, que afecta a un bien tan esencial como la salud de los ciudadanos, que los servicios mínimos se hayan reducido exclusivamente a los servicios de guardia.
De la extraña “junta” convocada por los jueces tampoco se tienen noticias de que se hayan fijado servicios mínimos alguno. Se ve que sus señorías entienden que la justicia no es un servicio de primera necesidad para los españoles.
Y después pretenden que no se vea corporativismo en unas actuaciones que a todas luces demuestran que en este país hay estamentos que son intocables, por muchos que nos empeñemos en negarlo. Y que, según de quien se trate, la justicia tendrá un color u otro diferente y opuesto.
Me parece que es tenerla un poco dura intentar que nos traguemos esa bola sin rechistar.
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