Colombia, los hechos que pintan la triste realidad de un país

El Tribunal Internacional de Opinión del Parlamento Europeo, reunido en Bruselas los días 15, 16 y 17 de septiembre, ha declarado al Gobierno de Colombia culpable de crímenes contra la humanidad.
Algunas de las realidades concluyentes que han llevado al Tribunal a dictar esta sentencia:
La monopolización de los poderes económicos, políticos, y culturales por una minoría esencialmente urbana, frente a las grandes masas rurales que viven en un nivel de subsistencia.
Según el informe del PNUD del 2007, 17 millones de colombianos viven en la pobreza y seis millones están en la indigencia y se ven obligados a vivir con menos de un dólar al día. El 0,3% de la población es propietaria de más de la mitad de las tierras.
Más de cuatro millones de colombianos han sido desplazados dentro del país, otra cantidad superior ha huido al exterior. Además, entre 2002 y 2007, se registraron al menos 955 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares, en casi en el mismo período, 11.292 personas fueron asesinadas o desaparecidas.
En los últimos treinta años los desaparecidos han alcanzado la escalofriante cifra de 30.000 personas.
El partido liberal y el partido conservador han dirigido el país en alternancia desde el siglo XIX. Cada vez que un líder político podía presentar la esperanza de un cambio real, la iniciativa se terminó por un asesinato o una muerte violenta. Así ocurrió, entre otros, con la eliminación física de más de 3.000 cuadros de la Unión Patriótica.
Las mafias del narcotráfico y las ganancias del negocio penetraron el conjunto de la estructura económica, reciclando el dinero en el sistema financiero, y también en el sistema político y la sociedad entera: fuerzas armadas, parlamento, justicia, gobierno, etc.
Los métodos de las organizaciones guerrilleras se han degradado pasando por el cobro de impuestos al narcotráfico hasta retenciones a civiles para obtener rescates.
Desde los años sesenta, una misión militar de los Estados Unidos, obligó a los gobiernos colombianos a ampliar una estrategia paramilitar ya utilizada por los terratenientes, para combatir ideologías disidentes que se prolonga hasta hoy.
Estos grupos paramilitares controlan territorios enteros y utilizan los métodos más condenables de represión de la población civil: masacres colectivas indiscriminadas y selectivas, desapariciones forzadas y torturas, desplazamientos forzados, violaciones sexuales a mujeres y apropiación de tierras colectivas a comunidades campesinas, negras e indígenas.
Desde el principio del conflicto armado la ayuda de los Estados Unidos ha ido creciendo, con el pretexto en esos últimos años de la lucha contra el narcotráfico, que toma el nombre a partir de 1998 de “Plan Colombia” y que se transformó rápidamente en un plan de lucha contra la insurgencia.
Con la elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, el conflicto se extendió a una franja importante de la sociedad civil a través de la política de la “Seguridad Democrática”. El objetivo asumido de esta política es la solución militar del conflicto.
Desde los primeros años, para llegar a esos objetivos, se utilizaron mecanismos y políticas que implicaban a la población civil en la guerra: redes de informantes, soldados campesinos, entre otros.
A partir del 2004 se emprendió una operación de desmovilización de los paramilitares, acompañada de varias medidas legislativas que de hecho revelaron ser una amnistía encubierta destinada a asegurar la impunidad de los paramilitares.
La ley 975 del 25 de Julio de 2005, denominada de “Justicia y Paz”, permitió a pesar de la anulación de varias disposiciones de la Corte Constitucional en 2006, que los principales jefes paramilitares escaparán a las sanciones incurridas por crimines de una particular gravedad.
Este proceso de impunidad culminó el 13 de mayo de 2008, con la extradición de 14 de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que les permitió eludir su responsabilidad hacia las numerosas víctimas de sus crímenes.
La complicidad del aparato estatal civil y militar con el paramilitarismo, negada por el gobierno, ha sido demostrada por la Justicia que investiga actualmente a decenas de parlamentarios de la bancada uribista, incluyendo al propio primo del Presidente de la República, por colaboración con los organismos paramilitares. A día de hoy, 37 parlamentarios se encuentran en prisión.
El sistema político colombiano está al servicio de las oligarquías de la sociedad y de los intereses económicos internacionales, utilizando formas e instituciones democráticas para, de hecho, funcionar de otra manera, y desembocar en una lucha implacable contra los movimientos sociales populares y las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y en forma muy grave con el asesinato sistemático de líderes sindicales.
Lo demuestra la posición del Presidente Uribe a propósito de la huelga de los obreros azucareros del Valle del Cauca, que luchan por mejorar sus pésimas condiciones de trabajo y por la defensa de la biodiversidad y de los cultivos alimentarios contra la expansión de la caña para los biocombustibles.
Declaró el Presidente Uribe: “para sofocar la revuelta de los cortadores en el Valle, usen toda la fuerza posible, no escatimen en represión, si es preciso movilicen a todos los soldados de la patria”.
El gobierno actual se inscribe en la continuidad de este modelo, apoyado por las empresas multinacionales, incluidas las europeas, apoyadas militarmente por los Estados Unidos y ayudado y tolerado por las instituciones europeas.
Sin comentarios.
Vía Rebelión.org