Los integrantes de la Misión, todos juristas de reconocido prestigio, realizaron entrevistas a dirigentes y autoridades tradicionales mapuche, autoridades gubernamentales, y a los presos mapuche a los que se les ha aplicado la ley antiterrorista. También recogieron información sobre la legislación aplicada en los diversos conflictos y sobre el status jurídico de los derechos del pueblo mapuche.
Ambas organizaciones “legitiman las demandas del pueblo mapuche”, que se enfrentan a la manifiesta incapacidad del Estado en dar salidas institucionales al conflicto y advierten que la política gubernamental de criminalización del movimiento mapuche “puede conducir a agravar un conflicto mal abordado”.
El informe destaca que los agentes gubernamentales “han impedido la creación de mecanismos de participación legítima y efectiva de la comunidad” y que se prefiere “métodos que son utilizados para fragmentar al pueblo mapuche y sus organizaciones”.
Denuncian que “la política implantada por la CONADI y el Programa Orígenes cuenta con recursos insuficientes, opera con procedimientos engorrosos y ha estado sujeta a políticas clientelares” y que “las políticas indigenistas, a través de los programas gubernamentales, no han generado cambios sustanciales en las condiciones de vida de los mapuche. Muy por el contrario, han generado y profundizado el conflicto.”
Resaltan que “las políticas públicas aplicadas, los daños ambientales producidos y las restricciones al manejo de los recursos naturales dan como resultado el despojo, la exclusión y la fragmentación del tejido social comunitario.”
En relación al uso de la ley antiterrorista en contra de los mapuche afirman que es aplicada como “herramienta de persecución política” y destacan la utilización de testigos sin identificar que permite dicha ley, lo que consideran una falta al debido proceso y al derecho a la legítima defensa resguardados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Derechos fundamentales como la vida, la integridad física, el derecho a la libre circulación y la seguridad personal se ven permanentemente lesionados a causa de “la presencia permanente de efectivos policiales y personas armadas no identificadas en la zona, el uso de armas letales y armamento de guerra por parte de carabineros y la disponibilidad de agentes del estado para la custodia de privados”.
La inmunidad de los tribunales militares, que gozan de un fuero especial les excluye de poseer “la independencia necesaria para garantizar un juicio justo”, existiendo hasta ahora una completa impunidad a la hora de aplicar justicia en aquellos casos en que se ha producido un uso excesivo de la fuerza, como las muertes de Alex Lemún y Matías Catrileo.
A la hora de abordar la justicia, el informe destaca las dificultades que se encuentran los mapuche para acceder a servicios jurídicos particulares, no tanto por falta de dinero, como por el temor de los propios abogados a representarlos.
Una especial mención les merece la situación de los menores en las comunidades, a la que califican de “dramática”, ya que están expuestos a constantes allanamientos, interrogatorios ilegales y a presenciar la violencia y amenazas con que son tratados sus padres y familiares cercanos. Esta situación les ha provocado severos daños sicológicos, corroborados por los servicios de salud pública y denunciados sin resultado alguno ante los tribunales de justicia. A ello se suma la falta de “acceso a educación intercultural y bilingüe… y de niveles de vida, desarrollo y salud adecuados”.
El informe también recrimina a los medios de comunicación el hecho de que “traten las noticias relacionadas con los conflictos en que es parte la comunidad mapuche con parcialidad, prejuzgamiento, cercenamiento de la información y en ocasiones incluso utilizando un lenguaje racista”.
En resumidas cuentas, que el dichoso informe no es como para que Bachelet, Presidenta de Chile, lo cuelgue en un marco en las paredes de su despacho oficial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Este blog no se responsabiliza de los comentarios de los lectores y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio.