Ernest Suggs, condenado a
muerte de Florida de 58 años de edad, ha agotado sus vías ordinarias de
apelación y ha pedido el indulto del ejecutivo. Si se le niega, el estado fijará
su fecha de ejecución. Lo paradójico de este caso es que la propia jueza que lo
condenó a muerte en 1992 respalda ahora su petición de indulto.
Durante el atardecer del 6 de agosto de 1990, Pauline Casey desapareció del bar del condado de Walton, Florida, en el que trabajaba. Su cadáver se encontró a la mañana siguiente en una zona de vegetación espesa a la que se llega por un camino de tierra, a unos kilómetros de distancia. Había sido apuñalada y había muerto desangrada.
Un jurado declaró a Suggs culpable de su asesinato y recomendó, por siete votos a favor y cinco en contra, que fuera condenado a muerte. La jueza aceptó la recomendación y, el 15 de julio de 1992, dictó una condena de muerte. Esa mismo jueza, ahora jubilada, escribió en agosto de 2013 al gobernador de Florida, Rick Scott, para instarlo a conmutar la condena de muerte por cadena perpetua, "una pena que serviría mejor a todos los ciudadanos de Florida".
Ernest Suggs mantiene que es inocente. Su declaración de culpabilidad se basó en pruebas circunstanciales y en la declaración de dos reclusos, James Taylor y Wallace Byars, que dijeron que el condenado había confesado el asesinato cuando compartían celda con él. Los dos negaron haber recibido nada a cambio de su testimonio. Sea coincidencia o no, los dos recibieron luego cierta indulgencia en sus propios casos.
Es bien sabido que el testimonio de informadores encarcelados es poco fiable. En este caso, Wallace Byars había sido declarado mentalmente incompetente, con una "discapacidad" que le afectaba a la memoria y a la capacidad de juicio, y cuando hizo su declaración a la policía estaba en espera de ser sometido a hospitalización involuntaria.
Por su parte, James Taylor había trabajado como informador del gobierno durante varios años. Un investigador, que trabajó para el FBI durante 25 años y ahora trabaja en la Fiscalía General de Alabama, lo entrevistó en 1996 y declaró bajo juramento que Taylor le había dicho que él y Byars habían mentido para lograr un trato preferente. Según la declaración jurada del investigador, Taylor le dijo que las autoridades les habían proporcionado detalles suficientes sobre el crimen como para poder inventarse las declaraciones atribuidas a Suggs.
Sin embargo, James Taylor se negó a firmar una declaración o a testificar en una vista probatoria posterior a la condena. El ex sheriff de la cárcel declaró en esa vista que a los dos informadores no se les habían dado instrucciones para que obtuvieran o inventaran confesiones de Suggs. El tribunal resolvió que Ernest Suggs no había demostrado que los informadores hubieran inventado su historia.
El investigador entrevistó a un tercer hombre que había compartido celda con Suggs y que proporcionó información que respaldaba la afirmación de que el testimonio original de los informadores era falso. Este tercer recluso dijo que había compartido celda con otro hombre, condenado por un asesinato similar en la misma zona, que afirmaba haber matado también a Pauline Casey. Ese otro asesinato era tan similar que, al parecer, Ernest Suggs había sido considerado también sospechoso de él antes de demostrarse que no pudo haberlo cometido. En enero de 2014, su abogado entrevistó a otro preso que afirmó haber visto a James Taylor y Wallace Byars hablando sobre el testimonio que planeaban prestar.
Ernest Suggs fue detenido el 7 de agosto de 1990. En principio fue recluido en una celda de aislamiento en la prisión del condado de Walton. Al cabo de aproximadamente una semana, fue trasladado a otra celda, en la que estaba James Taylor. Poco después, otro recluso, Wallace Byars, fue trasladado también a esa celda. El 21 de agosto, Taylor y Byars dijeron a las autoridades que Suggs había hecho declaraciones incriminatorias sobre el asesinato de Pauline Casey. Al día siguiente, fue acusado formalmente del asesinato.
Sin el testimonio de los informadores, la causa contra Ernest Suggs es circunstancial. No se encontró el arma del crimen, y no hay pruebas de ADN que relacionen a Ernest Suggs con el delito. En su automóvil se encontraron dos huellas dactilares y la huella de una palma de la mano identificadas como pertenecientes a la víctima, pero no se pudo determinar su fecha, y los testimonios que indican que ambos eran amigos podría apuntar a un motivo inocuo para la existencia de esas huellas.
En la camisa de Ernest Suggs había una mancha que contenía una enzima que coincidía con la sangre de la víctima, pero también con la del 90 por ciento de la población de raza blanca y con otras fuentes posibles. Un experto de la defensa alegó que el almacenamiento inadecuado de la camisa por parte del estado también podría haber hecho que los resultados no fueran fiables. La vegetación que se encontró en el automóvil no coincidía con la del lugar donde fue hallado el cadáver, y los restos de pintura hallados en ese lugar no coincidían con la pintura del vehículo. Las huellas de neumáticos del lugar donde se halló el cadáver tenían un dibujo similar al de los neumáticos del auto de Suggs, pero no tenían características individuales que identificaran de manera inequívoca esas huellas como correspondientes a ese automóvil.
En la fase judicial de determinación de la pena, la fiscalía presentó pruebas de que Ernest Suggs había sido condenado en 1979 por asesinato en Alabama y, en el momento del asesinato de Pauline Casey, estaba en libertad condicional. También presentó como prueba un libro hallado en la casa de sus padres en el condado de Walton, donde condenado estaba viviendo. Según la fiscalía, las heridas mostradas en una fotografía de una de las páginas del libro eran similares a las sufridas por Pauline Casey, y eso demostraba que Suggs había planeado cómo debía morir. No había nada que demostrara que el libro le perteneciera o que lo hubiera manejado siquiera.
Tras la detención de Ernest Suggs, las autoridades dejaron de investigar a otros dos sospechosos, uno de ellos el esposo de la víctima. Los dos testificaron en el juicio de Suggs y, durante las deliberaciones, el jurado pidió que se le leyeran de nuevo sus testimonios, lo que puede indicar que existían dudas residuales respecto a su credibilidad como testigos. Tras comunicársele que se tardarían tres horas en obtener la transcripción, el jurado retiró la petición.
En enero de 2014, la jueza, ya jubilada, que había condenado a Ernest Suggs a muerte dos décadas antes volvió a confirmar al abogado de éste que seguía respaldando el indulto. En su carta de 2013 al gobernador Scott, en la que le instaba a conmutar la pena de muerte por cadena perpetua, la jueza sugería que el estrecho margen de votación del jurado en favor de la pena de muerte en este caso "demuestra que, incluso para un jurado de la parte más conservadora del estado, la ejecución de Suggs no es en absoluto la elección unánime".
Según dijo, la jueza sentía un "asombro constante por lo poco que saben los ciudadanos de Florida sobre la realidad" de la pena de muerte, y añadió que, entre los "datos concretos en contra de la pena de muerte", se encuentran su coste, su falta de efecto disuasorio, su aplicación arbitraria y discriminatoria, la "falibilidad de los testigos presenciales y otras pruebas" y la serie de condenas erróneas que, según se ha demostrado, se han dictado en casos de pena capital. A Florida le corresponde el 15 por ciento -más que cualquier otro estado- de los más de 140 presos liberados desde 1973 de los "corredores de la muerte" de todo el país tras descubrirse su inocencia.
Durante el atardecer del 6 de agosto de 1990, Pauline Casey desapareció del bar del condado de Walton, Florida, en el que trabajaba. Su cadáver se encontró a la mañana siguiente en una zona de vegetación espesa a la que se llega por un camino de tierra, a unos kilómetros de distancia. Había sido apuñalada y había muerto desangrada.
Un jurado declaró a Suggs culpable de su asesinato y recomendó, por siete votos a favor y cinco en contra, que fuera condenado a muerte. La jueza aceptó la recomendación y, el 15 de julio de 1992, dictó una condena de muerte. Esa mismo jueza, ahora jubilada, escribió en agosto de 2013 al gobernador de Florida, Rick Scott, para instarlo a conmutar la condena de muerte por cadena perpetua, "una pena que serviría mejor a todos los ciudadanos de Florida".
Ernest Suggs mantiene que es inocente. Su declaración de culpabilidad se basó en pruebas circunstanciales y en la declaración de dos reclusos, James Taylor y Wallace Byars, que dijeron que el condenado había confesado el asesinato cuando compartían celda con él. Los dos negaron haber recibido nada a cambio de su testimonio. Sea coincidencia o no, los dos recibieron luego cierta indulgencia en sus propios casos.
Es bien sabido que el testimonio de informadores encarcelados es poco fiable. En este caso, Wallace Byars había sido declarado mentalmente incompetente, con una "discapacidad" que le afectaba a la memoria y a la capacidad de juicio, y cuando hizo su declaración a la policía estaba en espera de ser sometido a hospitalización involuntaria.
Por su parte, James Taylor había trabajado como informador del gobierno durante varios años. Un investigador, que trabajó para el FBI durante 25 años y ahora trabaja en la Fiscalía General de Alabama, lo entrevistó en 1996 y declaró bajo juramento que Taylor le había dicho que él y Byars habían mentido para lograr un trato preferente. Según la declaración jurada del investigador, Taylor le dijo que las autoridades les habían proporcionado detalles suficientes sobre el crimen como para poder inventarse las declaraciones atribuidas a Suggs.
Sin embargo, James Taylor se negó a firmar una declaración o a testificar en una vista probatoria posterior a la condena. El ex sheriff de la cárcel declaró en esa vista que a los dos informadores no se les habían dado instrucciones para que obtuvieran o inventaran confesiones de Suggs. El tribunal resolvió que Ernest Suggs no había demostrado que los informadores hubieran inventado su historia.
El investigador entrevistó a un tercer hombre que había compartido celda con Suggs y que proporcionó información que respaldaba la afirmación de que el testimonio original de los informadores era falso. Este tercer recluso dijo que había compartido celda con otro hombre, condenado por un asesinato similar en la misma zona, que afirmaba haber matado también a Pauline Casey. Ese otro asesinato era tan similar que, al parecer, Ernest Suggs había sido considerado también sospechoso de él antes de demostrarse que no pudo haberlo cometido. En enero de 2014, su abogado entrevistó a otro preso que afirmó haber visto a James Taylor y Wallace Byars hablando sobre el testimonio que planeaban prestar.
Ernest Suggs fue detenido el 7 de agosto de 1990. En principio fue recluido en una celda de aislamiento en la prisión del condado de Walton. Al cabo de aproximadamente una semana, fue trasladado a otra celda, en la que estaba James Taylor. Poco después, otro recluso, Wallace Byars, fue trasladado también a esa celda. El 21 de agosto, Taylor y Byars dijeron a las autoridades que Suggs había hecho declaraciones incriminatorias sobre el asesinato de Pauline Casey. Al día siguiente, fue acusado formalmente del asesinato.
Sin el testimonio de los informadores, la causa contra Ernest Suggs es circunstancial. No se encontró el arma del crimen, y no hay pruebas de ADN que relacionen a Ernest Suggs con el delito. En su automóvil se encontraron dos huellas dactilares y la huella de una palma de la mano identificadas como pertenecientes a la víctima, pero no se pudo determinar su fecha, y los testimonios que indican que ambos eran amigos podría apuntar a un motivo inocuo para la existencia de esas huellas.
En la camisa de Ernest Suggs había una mancha que contenía una enzima que coincidía con la sangre de la víctima, pero también con la del 90 por ciento de la población de raza blanca y con otras fuentes posibles. Un experto de la defensa alegó que el almacenamiento inadecuado de la camisa por parte del estado también podría haber hecho que los resultados no fueran fiables. La vegetación que se encontró en el automóvil no coincidía con la del lugar donde fue hallado el cadáver, y los restos de pintura hallados en ese lugar no coincidían con la pintura del vehículo. Las huellas de neumáticos del lugar donde se halló el cadáver tenían un dibujo similar al de los neumáticos del auto de Suggs, pero no tenían características individuales que identificaran de manera inequívoca esas huellas como correspondientes a ese automóvil.
En la fase judicial de determinación de la pena, la fiscalía presentó pruebas de que Ernest Suggs había sido condenado en 1979 por asesinato en Alabama y, en el momento del asesinato de Pauline Casey, estaba en libertad condicional. También presentó como prueba un libro hallado en la casa de sus padres en el condado de Walton, donde condenado estaba viviendo. Según la fiscalía, las heridas mostradas en una fotografía de una de las páginas del libro eran similares a las sufridas por Pauline Casey, y eso demostraba que Suggs había planeado cómo debía morir. No había nada que demostrara que el libro le perteneciera o que lo hubiera manejado siquiera.
Tras la detención de Ernest Suggs, las autoridades dejaron de investigar a otros dos sospechosos, uno de ellos el esposo de la víctima. Los dos testificaron en el juicio de Suggs y, durante las deliberaciones, el jurado pidió que se le leyeran de nuevo sus testimonios, lo que puede indicar que existían dudas residuales respecto a su credibilidad como testigos. Tras comunicársele que se tardarían tres horas en obtener la transcripción, el jurado retiró la petición.
En enero de 2014, la jueza, ya jubilada, que había condenado a Ernest Suggs a muerte dos décadas antes volvió a confirmar al abogado de éste que seguía respaldando el indulto. En su carta de 2013 al gobernador Scott, en la que le instaba a conmutar la pena de muerte por cadena perpetua, la jueza sugería que el estrecho margen de votación del jurado en favor de la pena de muerte en este caso "demuestra que, incluso para un jurado de la parte más conservadora del estado, la ejecución de Suggs no es en absoluto la elección unánime".
Según dijo, la jueza sentía un "asombro constante por lo poco que saben los ciudadanos de Florida sobre la realidad" de la pena de muerte, y añadió que, entre los "datos concretos en contra de la pena de muerte", se encuentran su coste, su falta de efecto disuasorio, su aplicación arbitraria y discriminatoria, la "falibilidad de los testigos presenciales y otras pruebas" y la serie de condenas erróneas que, según se ha demostrado, se han dictado en casos de pena capital. A Florida le corresponde el 15 por ciento -más que cualquier otro estado- de los más de 140 presos liberados desde 1973 de los "corredores de la muerte" de todo el país tras descubrirse su inocencia.
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