El 25 de septiembre se reformado
en Nicaragua una ley que penaliza los actos de violencia contra las mujeres. La
reforma ha debilitado la protección que esa ley brinda a las mujeres.
Ese día, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres 779. Ochenta y cuatro de los miembros de la Asamblea votaron a favor de la reforma, y sólo cuatro votaron en contra.
Uno de los elementos fundamentales de la ley, establecido en el artículo 46, era la prohibición de la mediación como vía para responder a ningún caso de violencia. Esta disposición ha sido modificada de manera que los acusados de delitos cuyas condenas sean inferiores a cinco años (lo cual incluye delitos como los daños corporales, el secuestro de niños o las amenazas) puedan someter su caso a mediación, en lugar de que se tramite en el sistema de justicia penal.
En virtud de las nuevas
disposiciones, las mujeres pueden encontrarse con que tienen que enfrentarse a
sus maltratadores en un proceso de mediación, y los acusados de cometer abusos
pueden eludir el rendir cuentas por sus crímenes.
La Ley 779 entró en vigor el 22 de junio de 2012. Su introducción supuso un importante paso adelante y una herramienta fundamental para combatir la violencia contra las mujeres en Nicaragua. La Ley 779 reconocía el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia e intimidación, y establecía que los actos de violencia física y psicológica contra las mujeres son delitos punibles. También enumeraba las obligaciones del Estado respecto a la aplicación de la ley, así como los derechos humanos de las mujeres amparados por la ley.
Pese a haber sido aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional en enero de 2012, la Ley 779 ha sido objeto de ataques constantes por parte de quienes consideran que rompe la unidad familiar, ya que proporciona a las mujeres y sus hijos una vía más clara para abandonar a parejas violentas y llevar a los maltratadores ante la justicia.
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