Ahmed Andora fue detenido por las fuerzas de seguridad sirias en Damasco el 28 de septiembre cuando iba a reunirse con dos personas en una cafetería, según contó un amigo suyo a Amnistía Internacional. Le permitieron hacer una llamada a su familia el 2 de octubre y confirmó que se encontraba recluido en la sección de los servicios de Seguridad Política de Damasco. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada de él.
Tanto su familia como su abogado han pedido reiteradamente información sobre él a las autoridades y por conductos extraoficiales sin éxito alguno. La persistencia en el silencio es lo que les ha llevado a temer por su seguridad. Durante los actuales disturbios en Siria, varias personas que fueron detenidas y puestas posteriormente en libertad han denunciado que las fuerzas de seguridad hacen amplio uso de la tortura y otros malos tratos.
A día de hoy, se ignora el motivo por el que lo detuvieron, pero un contacto ha asegurado a Amnistía Internacional que podría deberse a sus actividades en relación con las manifestaciones en demanda de reformas que sacuden al país. Dichas protestas se iniciaron en febrero pasado y se convirtieron en protestas multitudinarias a mediados de marzo.
Las pacíficas protestas fueron respondidas por las autoridades sirias con una brutalidad extrema para reprimirlas. Amnistía Internacional tiene en su poder los nombres de más de 3.200 personas a las que han matado o han muerto durante las mismas o en relación con ellas desde mediados de marzo. La ONU incluso eleva esta cifra a 3.500. Se sabe que en muchos casos las fuerzas de seguridad dispararon contra ellas con munición real cuando participaban en manifestaciones pacíficas o asistían a funerales de personas muertas en protestas anteriores. Se han denunciado hasta torturas y mutilaciones a niños detenidos.
Millares de personas más han sido detenidas, muchas de ellas en régimen de incomunicación en lugares desconocidos, donde la tortura y otros malos tratos son práctica habitual. Tras un plan de acción acordado con la Liga de Estados Árabes el 30 de octubre de 2011, las autoridades sirias prometieron el 2 de noviembre retirar sus tropas de las ciudades descontentas, liberar a los detenidos en relación con los sucesos actuales y entablar conversaciones con grupos de la oposición. Sin embargo, las detenciones de manifestantes y presuntos partidarios de las protestas han continuado.
Según los informes en poder de Amnistía Internacional, más de 150 personas han muerto bajo custodia en circunstancias sumamente sospechosas desde el 1 de abril. Algunos de los fallecidos, entre los que hay menores de edad, también fueron mutilados –antes o después de morir– de manera especialmente grotesca, en un aparente intento de sembrar el terror entre las familias a las que se les devolvieron los cadáveres.
Paralelamente se han recibido un creciente número de informes sobre muertes de miembros del ejército y las fuerzas de seguridad en las últimas semanas. Muchas de ellas producidas en enfrentamientos con el Ejército Sirio Libre, formado en julio y compuesto en parte de desertores de las fuerzas armadas y de otras personas que han tomado las armas con la intención expresa de proteger sus barrios de las operaciones de seguridad.
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