El próximo día 9 de mayo serán juzgadas 17 personas, entre ellas la defensora de los derechos humanos Azza Soliman, que prestaron declaración como testigos del homicidio de una activista pacífica durante una marcha que los cuerpos de seguridad egipcios disolvieron por la fuerza. Podrían sufrir condenadas de hasta a cinco años de prisión.
El 24 de enero pasado, Shaimaa Al-Sabbagh, una mujer egipcia de 32 años, murió a causa de los disparos recibidos durante una marcha pacífica, organizada en la plaza de Tahrir, en el centro de El Cairo, en memoria de quienes perdieron la vida durante la “Revolución del 25 de enero”. Los cuerpos de seguridad egipcios disolvieron por la fuerza la protesta y las imágenes de vídeo y las fotografías que tomaron periodistas y activistas han suscitado indignación generalizada dentro y fuera de Egipto.
El pequeño grupo de alrededor de 30 personas participantes en la marcha llevaba una pancarta con el nombre del partido, así como flores con las que rendir homenaje a los centenares de personas muertas durante el levantamiento de 2011. Marchaban por la acera para no interrumpir el tráfico. Un testigo presencial relató que las fuerzas de seguridad apostadas a la entrada de la plaza de Tahrir detuvieron la marcha en la cercana calle de Talaat Harb y abrieron fuego contra los participantes con escopetas y gas lacrimógeno.
El director del Instituto de Medicina Forense de Egipto manifestó que Shaimaa Al-Sabbagh había muerto por heridas mortales causadas por perdigones disparados a ocho metros de distancia y que le habían penetrado en la espalda y la nuca. Aunque las autoridades negaron al principio que las fuerzas de seguridad fueran responsables de la muerte, el fiscal acusó después a un miembro de éstas de "golpes, lesiones o administración de sustancias nocivas que provocaron la muerte" de la mujer.
17 personas fueron llamadas a prestar declaración sobre el suceso, seis de ellas habían resultado detenidas ese día. Tras una interrogación por parte del fiscal, todas han sido acusadas formalmente de manifestarse sin permiso, acto que la Ley de Manifestaciones de Egipto tipifica como delito y que puede ser castigado hasta con cinco años de prisión, y de agredir a las fuerzas de seguridad.
El juicio tenía que haber comenzado el día cuatro de abril en el Tribunal de Delitos Menores de Abdeen, en El Cairo, pero el juez lo aplazó hasta el próximo 9 de mayo, para dar tiempo a los abogados a preparar la defensa. Los letrados han manifestado que el fiscal se negó a permitirles leer el sumario de la causa. Los acusados se enfrentan a cargos falsos, formulados contra ellos tras testificar contra la fuerzas de seguridad, lo que a su juicio indica claramente que las autoridades intentan ocultar sus propios delitos.
Azza Soliman, fundadora de la ONG Centro de Asistencia Jurídica de las Mujeres Egipcias, acudió el 24 de enero a prestar declaración y se encontró con que estaba acusada de manifestarse ilegalmente y alterar el orden público. Ella no había participado en la marcha conmemorativa, organizada por el Partido de Alianza Popular Socialista la víspera del aniversario de la "Revolución del 25 de enero".
En realidad se encontraba sentada en una cafetería con su familia y unos amigos y, al oír a los participantes en la marcha corear sus lemas, había salido a verlos pasar. Vio que las fuerzas de seguridad disolvían la marcha con gas lacrimógeno y disparos de escopeta. También a un cuerpo tirado en la calle y se enteró de que era el de Shaimaa al-Sabbagh.
Otras dos de las personas sometidas ahora a juicio tampoco participaron en la marcha. Una de ellas es un médico que prestó los primeros auxilios a Shaimaa al-Sabbagh cuando la dispararon, y la segunda, un transeúnte que la llevó a una cafetería cercana por seguridad. Ambos fueron detenidos allí mismo.
Los 14 acusados restantes sí participaron en la marcha conmemorativa pacífica. A algunos los detuvieron allí mismo, y a otros cuando acudieron a testificar citados por el fiscal. A un hombre lo acusaron de haber matado a Shaimaa al-Sabbagh tras declarar como testigo. Como no había pruebas contra él, lo acusaron entonces de manifestarse ilegalmente y alterar el orden público.
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