El pasado 8 de marzo, un tribunal de primera instancia de Mascate, la capital de Omán, declaró al al activista omaní de los derechos humanos Saeed Jaddad, empresario de 48 años, culpable de "menoscabar el prestigio del Estado", "incitar a la protesta" y "utilizar las redes sociales para difundir información que violaba la santidad del orden público".
Jaddad fue condenado a una pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 1.700 riyales omaníes (4.415 dólares estadounidenses). El activista ha apelado contra la condena y ha pagado una fianza de 2.000 riyales omaníes (5.194 dólares estadounidenses), pero no ha quedado en libertad porque hay una segunda causa abierta contra él. La primera vista de esta otra causa, en la que se le imputan actos relacionados con la Ley de Ciberdelitos de Omán, comenzó el 17 de marzo en Salalah, localidad de la provincia meridional de Dhofar.
El preso está en huelga de hambre desde su detención, el 21 de enero. El 23 de ese mismo mes fue ingresado en el Hospital Sultán Qabús de Salalah. Dos días después, la policía ordenó al médico que lo atendía a que le diera el alta hospitalaria para trasladarlo en avión a Mascate, a unos 870 km de distancia, para que pudiera asistir al juicio. Dos médicos, uno de ellos asignado por la policía, recomendaron que no se lo trasladase debido a su precario estado de salud. Sin embargo, la policía hizo caso omiso y el 27 de enero Saeed Jaddad compareció ante el tribunal en Mascate en una camilla hospitalaria. Tras la sentencia del 8 de marzo, lo llevaron de nuevo a Salalah, a una prisión donde continúa recluido.
Jaddad es un famoso activista de los derechos humanos, que ha pedido reformas sociales y políticas en su blog, al que sólo se puede acceder con invitación, y en Facebook. En agosto de 2013 participó en una reunión con miembros del Parlamento Europeo y habló de la situación de los derechos humanos en Omán.
Los cargos por los que fue declarado culpable y condenado son: "menoscabar el prestigio del Estado" (tres años de prisión y multa de 500 riyales), "incitar a la protesta" (un año de prisión y multa de 200 riyales) y "utilizar las redes sociales para difundir información que violaba la santidad del orden público" (tres años de prisión y multa de 1.000 riyales). El tribunal ha ordenado que cumpla todas las penas a la vez y pague la totalidad de los 1.700 riyales (4.415 dólares) de multa.
Jaddad ya había sido detenido varias veces anteriormente. El 14 de enero de 2013 pasó seis meses privado de libertad, incluidos ocho días en régimen de aislamiento. Quedó en libertad al final de junio de 2013, pero se le prohibió publicar artículos en los medios de comunicación nacionales. Además, las autoridades intentaron presionarlo para que firmara una declaración en la que renunciaba a desarrollar actividades en favor de la reforma y de los derechos humanos.
En agosto de 2013 fue acusado de "menoscabar la reputación y el prestigio del Estado" por haber pedido reformas políticas y sociales y mantenido reuniones con miembros del Parlamento Europeo. La primera vista judicial tuvo lugar en Mascate el 27 de enero de 2015. En julio de 2014, las autoridades le informaron de que tenía prohibido viajar, y el 31 de octubre de 2014 le impidieron viajar al extranjero.
Antes de su actual detención, Jaddad había sido detenido por última vez el 10 de diciembre de 2014, cuando los agentes registraron su casa y le confiscaron el teléfono y ordenadores. No dijeron a su familia por qué lo detenían ni adónde lo llevaban. La familia solicitó reiteradamente información sobre su paradero, pero las autoridades no les dijeron nada.
Estuvo recluido y fue interrogado en la misma habitación durante al menos cinco días, sin que le permitieran ponerse en contacto con su familia ni con un abogado. Hacia el quinto día de detención, sus interrogadores intentaron obligarlo a firmar unos documentos que contenían acusaciones contra él como "causar daño al país y violar sus leyes" y "estar en contacto con organismos extranjeros". Jaddad se negó a hacerlo y no quiso tampoco responder a las preguntas del fiscal sin un abogado presente. Entonces se prorrogó su detención siete días más.
Fue trasladado a la prisión de Taqah, situada unos 40 kilómetros al este de Salalah, donde compartió una celda plagada de cucarachas y otros insectos con al menos 22 hombres detenidos por delitos comunes y tuvo que dormir en el suelo. Unos cuatro días después lo llevaron de nuevo a la fiscalía, donde se negó otra vez a responder a las preguntas sin su abogado. El 22 de diciembre por la mañana lo dejaron en libertad bajo fianza de 1.200 dólares estadounidenses y confiscaron el pasaporte a su hijo como garantía. La primera audiencia judicial de dicha causa tuvo lugar en Salalah, en su ausencia, el 27 de enero de 2015.
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